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BULLYING: LA FÓRMULA DE FINLANDIA PARA COMBATIRLO

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En 2006, el Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia encargó a un grupo de investigadores desarrollar un programa global contra el acoso escolar o bullying que involucrara tanto la prevención como la intervención y que pudiera implantarse en cada colegio de Finlandia durante la enseñanza básica (entre 7 y 15 años). A cargo del grupo de expertos que desarrollaron el plan se encontraba Christina Salmivalli, profesora de Psicología de la Universidad de Turku en Finlandia, que ha pasado los últimos 25 años investigando sobre el acoso escolar y su prevención.

“Hasta entonces se había actuado desde las normativas, y todos los colegios debían poner en marcha una estrategia antibullying e implementarla: sin embargo, no había herramientas que realmente se basaran en pruebas y los niveles de acoso no bajaron. Es más, parece que aumentaron”, explica Salmivalli, que dice que, ahora, tenían la oportunidad de poner en común toda la experiencia que habían desarrollado “y traducirla a recursos prácticos que pudieran usar profesores”. Así nació, KiVa, abreviatura en fines de kiusaamista vastaan (contra el acoso), una herramienta que trabaja las emociones de la clase con lecciones mensuales y juegos de ordenador.

La particularidad del programa finlandés es que, mientras la mayoría de iniciativas contra el bullying se centraban en el matón o la víctima, había un elemento clave con el que apenas se trabajaba: el público. Las humillaciones del acosador solo tenían sentido si había una audiencia que las aplaudía. Los investigadores están de acuerdo en que una de las principales razones del acoso escolar es la gran necesidad de estatus, visibilidad y dominio de algunos estudiantes”, explica Salmivalli. Y dice que con el abuso —ya sea físico, psicológico o social— sobre los estudiantes con menos poder, otros demuestran su estatus y el grupo, a menudo, lo refuerza. Este programa “se basa en la idea de que el cambio positivo en el comportamiento de la clase puede reducir la recompensa que obtienen los acosadores del bullying y por tanto, su motivación para acosar”, aclara.

Enseñar que el acoso no es guay

KiVa se basa en dos tipos de acciones: generales y específicas. Las generales están dirigidas a toda la clase como herramienta de prevención. Consisten en lecciones mensuales en tres cursos (primero, cuarto y séptimo), en las que “los estudiantes aprenden sobre las emociones, el respeto en las relaciones, la presión de grupo y lo más importante, sobre lo que ellos podrían hacer para acabar con el bullying”, continúa Salmivalli. El objetivo, dice, es incrementar la conciencia de su papel como testigos y cómo esos espectadores (mirones) podrían responder para acabar con un potencial caso de acoso, en lugar de mantenerlo o incluso alimentarlo. “Hacemos varias actividades mediante las que los estudiantes aprenden a apoyar a los compañeros vulnerables y contribuyen a la inclusión de cada uno y al bienestar del grupo”, aclara Salmivalli. Además, hay un juego en Internet con el que trabajan esas emociones.

En España un 14% de los adolescentes denunciaron que habían sufrido acoso, según PISA

Las acciones específicas de KiVA se ponen en marcha cuando se detecta un caso de acoso escolar. Para ello, se designa un Equipo KiVa con profesores y otros miembros del personal de la escuela, para que hablen con víctima y acosadores y sigan la evolución de las agresiones. Además, el tutor elegido se reúne con varios compañeros —entre dos y cuatro— considerados populares en clase, para animarlos a apoyar a la víctima.

Otra de las claves de su éxito, considera la investigadora finlandesa, es que en lugar de ser un proyecto de un año que comienza y termina, el objetivo es que sea parte de un trabajo sistemático y sostenible de prevención e intervención. Tras probarlo en 234 colegios con 30.000 estudiantes, aseguran que se acabó con el acoso en un 79,4% de casos y se redujo en un 18,5% de las ocasiones.

La escuela, sinónimo de tormento

En 2015, el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la OCDE, preguntó, por primera vez, a los alumnos de 15 años sobre cuestiones relacionadas con el bienestar como la motivación, la pertenencia o la ansiedad. Las respuestas de los jóvenes relacionadas con el bullying son alarmantes y revelan, en palabras de la propia OCDE, que “para algunos estudiantes, la escuela es un lugar de tormento”.

En cada clase, de cada colegio, de cada país de la OCDE, hay un niño al que pegan o empujan sus compañeros, según el Volumen III de PISA 2015, que concluye que a un 4% de los estudiantes de 15 años de la OCDE (aproximadamente uno por aula) le pegan en clase y de un 11% se burlan. Hong Kong lidera la lista, con un 26,1% de estudiantes de los que se mofan y un 9,5%, que empujan o pegan (un 32,3% en total). Le sigue Letonia (30,6%), República Dominicana (30,1%), Túnez (28,2%) y Rusia (27,5%).

Las humillaciones del acosador solo tienen sentido si hay una audiencia que las aplauda

El acoso escolar no entiende ni de regiones ni de resultados. Entre los sistemas educativos con mejor nota en la última evaluación PISA, en todos los casos, los niños manifestaron situaciones de bullying:Singapur (27,5%),Japón (21,9%), Estonia (20,2%), Taiwán (10,7%), Finlandia (16,9%), Macao (27,3%) o Canadá (20,3%). En España un 14% de los adolescentes denunciaron que habían sufrido acoso: un 8% con burlas y un 2,9% con violencia física. Países Bajos (9,3%), Taiwán (10,7%), Corea (11,9%) e Islandia (11,9%)fueron los lugares en los que menos proporción de estudiantes manifestaron sufrir acoso.

La Unesco también ha puesto cifras al acoso y estima que cada año, hay 246 millones de niños y adolescentes que lo sufren. En España, según una encuesta realizada por Save the Children, la mitad de los niños admite haber sufrido alguna forma de humillación o violencia.

Hablar en casa frente al acoso

Junto el trabajo de colegios y maestros, la OCDE recuerda que hablar con los niños en casa es fundamental para prevenir el bullying. El informe de PISA concluye que los programas contra el acoso escolar deben incluir la formación de los maestros sobre cómo manejar este problema y estrategias para interactuar con los padres. De hecho, hubo menos casos de acoso entre los estudiantes que manifestaron en PISA que sus padres los apoyaban cuando había dificultades en la escuela que los que mostraron poca comunicación en casa, y solo el 44% de los progenitores de estudiantes acosados habían intercambiado ideas con el maestro sobre el desarrollo del niño durante el año académico anterior.

Fuente: El País.es - Por LOLA GARCÍA-AJOFRÍN

NECESITAMOS REFERENTES QUE CONTRADIGAN LA MASCULINIDAD HEGEMÓNICA

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A menudo, cuando se habla de violencia, emergen vocablos como machismo, sociedad patriarcal, o roles hegemónicamente construidos desde lo femenino o masculino. Pero, ¿qué hay detrás de esos conceptos, cómo nos ayudan a explicar los ciclos de la violencia y la telaraña de la desigualdad?
El punto de partida para entender el modo en que se estructura la violencia es desentrañar los imaginarios, esos relatos colectivos, ficciones, narraciones sociales que intentan construir una realidad específica, modelar unos sujetos y crear consensos en relación con una sociedad determinada. Tienen el poder de instituir ideologías y, por consiguiente, de sustentar un modelo social sobre otro”, apunta Ulises Padrón Suárez, fundador y coordinador de la Red de jóvenes por la salud y los derechos sexuales, del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).
Para el entrevistado, este es el motivo por el cual están en constante cambio y pueden convivir varios imaginarios de una misma institución a la vez, según las diversas cosmovisiones que se sostienen en un contexto histórico. 
Sobre esa movilidad, el poder de transformación que emerge de los imaginarios sociales para articular el sentido de trascendencia y la comunidad humana, y su rol en la construcción de la masculinidad hegemónica, SEMlac diálogo con el joven activista, filólogo de formación.

¿Cómo los imaginarios de la masculinidad hegemónica se relacionan con la violencia?

La masculinidad constituye la construcción histórica y social del sujeto en su devenir como hombre. Sucede que, por lo general, este convertirse en hombre se ha configurado de manera negativa, al distinguirse que la masculinidad no se asocia con las mujeres, los ancianos, los niños ni los homosexuales. La masculinidad hegemónica es entonces una compleja red de simbolizaciones, prácticas y negociaciones cuyo rol se constituye en legitimar un único ideal de masculinidad, a través de los imaginarios sociales, e invisibilizar otras posibles masculinidades.
Sus características suelen ser excluyentes, (es decir, se identifica con un hombre blanco, heterosexual, citadino, joven, sano) y allí radica en alto grado la violencia de la cual emana. Debido a que expropia los significados de ser hombre a otras identidades, la masculinidad hegemónica está configurada desde la violencia que se asienta en las estructuras e instituciones, donde encuentra cuerpo precisamente en los imaginarios sociales. Si ha sido tan difícil de destituir es porque sus discursos se han internalizado en los sujetos, ya sea hombres o mujeres.

¿Cuáles son los principales mitos asociados a estas construcciones?

Perviven muchos mitos en torno a la masculinidad hegemónica, pero me interesan esos que aún hoy articulan la violencia que se ejerce y se vive, por la naturalización de prácticas que afectan la salud y no permiten relacionarnos desde los afectos. 
Está muy arraigado en nuestra sociedad que el hombre es siempre el proveedor, independientemente de sus capacidades e intereses. También que debe responder sexualmente en todo momento y ha de ser en sí mismo violento, agresivo. Estos mitos contribuyen a perpetuar un modelo desigual de relación, porque la masculinidad hegemónica no solo la construyen los hombres en su proceso, sino que la configuran, además, el resto de las identidades. 
Desafortunadamente, existe cierta complicidad, por ejemplo, cuando las madres les dicen a los niños que “los hombres no lloran”, “que si te dan, tú das”. Cuando dicen: “mi hijo es varón, allá las madres de las chiquitas y sus barrigas”. Ello ilustra algunas de las situaciones comunes en que esa complicidad con la masculinidad hegemónica intenta perpetuar las desigualdades sociales entre hombres y mujeres.

¿Tienen los jóvenes cubanos de hoy herramientas para desmontar esos mitos?

La juventud cubana resulta muy heterogénea. Tal es así que no se pudiera dar una respuesta unívoca a un fenómeno social como es la violencia, para su erradicación en el país. Sin embargo, muchas pueden ser las propuestas. Lo importante es que se desmonte ese modelo tradicional de masculinidad que afecta a hombres y mujeres y no permite reconocer y visibilizar otras identidades no heteronormativas.
El problema radica en desde dónde ponemos la mirada: si lo hacemos desde el sistema educativo podría decirse que sí. No obstante, la gestión de la enseñanza sigue siendo heteronormativa, bancaria, sexista, donde no se privilegian los temas relacionados con el género, la educación sexual, los derechos humanos. Eso provoca que se perpetúen prácticas violentas que en la sociedad están legitimadas, porque no existen referentes que contradigan esos elementos.
Por otra parte, existen instituciones y organizaciones que se esfuerzan por subvertir el modelo hegemónico. Por solo mencionar algunas, tenemos al Cenesex y su línea de investigación sobre masculinidades, la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades (RIAM y sus aportes en el terreno histórico para entender los orígenes de estas construcciones; el Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR) y sus diversas campañas por la no violencia contra las mujeres y las niñas, entre otros expertos e instituciones que generan ciencia desde esa perspectiva. Sin embargo, no siempre están disponibles para los jóvenes y mucho menos les hablan desde sus lenguajes. Hoy ello constituye un desafío.

¿Al interior de las familias, se deconstruyen estos imaginarios? 

En la práctica, se naturaliza la violencia en la vida cotidiana y desde allí es muy difícil desmontarla, ya que no siempre viene acompañada de una agresión física. Por tanto, se silencian o invisibilizan otras expresiones como pueden ser la económica, la psicológica, que generan malestares al interior de la casa. 
Para revertir todo esto se precisa reconocer que se vive en un ambiente violento y mover los espacios de poder y privilegios al interior de las familias. También se tiene que pensar en el concepto familia como elemento más plural, de solidaridad y equidad, y no donde sus miembros cumplen roles y funciones estrictas.

¿Cómo afecta la masculinidad hegemónica a la comunidad LGBTIQ, teniendo en cuenta que puede ser una poderosa barrera para la inclusión?

Las identidades no heteronormativas suelen vivir en la resistencia, debido a que la heterosexualidad legitima la masculinidad hegemónica.Todo lo que no es heterosexual, pocas veces tiene acceso al poder. En nuestra sociedad es fácil percibirlo ahora en la discusión de la Reforma del Proyecto Constitucional, de los artículos 40 y 68, que inciden directamente en la comunidad LGBTIQ y en la posibilidad de ampliar un grupo de derechos a personas que, históricamente, se les ha negado la posibilidad de ejercer su ciudadanía de manera plena. 
El argumento principal esgrimido es que va a desviar, es decir, “homosexualizar” a los más jóvenes y destruir la institución familia; sin pensar en que nuestra sociedad está cambiando y con ella los paradigmas e imaginarios que sustentan los modelos más tradicionales y hegemónicos.
Constituye un reto para la nueva Constitución transformar nuestras instituciones y organizaciones a la luz de la no discriminación por identidad de género. En nuestra sociedad no existe una comprensión cabal de lo que refiere este concepto y, por ejemplo, las personas trans son percibidas de manera despectiva y en muchos casos violenta. 
Habrá que deconstruir el sistema educativo en aras de crear espacios sanos para todas las personas. Asimismo, desde nuestro sistema de salud, elaborar protocolos más inclusivos, menos invasivos; en el espacio laboral contribuir a que las personas puedan ejercer sin limitaciones y trabajar con las comunidades para favorecer la inclusión de las personas con identidades no heteronormativas.
A nivel regional, más allá de las leyes que favorecen a la comunidad LGBITQ en países como Argentina, Brasil o Colombia, el mejor exponente de cambio resulta Uruguay, donde han creado políticas públicas que no solo van a la salud y la educación, sino también a ámbitos como la política y la cultura. 
Para contrarrestar estas desigualdades es necesario comprender que la inclusión de las personas LGBTIQ es una cuestión global y de corresponsabilidad social. No es decir solamente que tienen el espacio, sino enseñarles a estos grupos históricamente marginados del poder a usarlo en beneficios de la sociedad.
Otro gran desafío para nuestra sociedad es repensar la cuestión racial, al lado de las desigualdades que sufren las identidades LGBTIQ, pues se sabe que no recibe el mismo tratamiento una mujer blanca heterosexual de La Habana, que una guantanamera negra y lesbiana. Hay varios índices de discriminación que limitan la actuación social y el peso histórico de la racialidad no se toma del todo en cuenta. 
En la sociedad cubana está anclada la idea de que el racismo es un mal menor, ya que el Estado desde 1959 ha tomado medidas para su erradicación. Sin embargo, su emergencia en momentos de crisis permite ver cuán compleja es esta situación y lo poco resuelta a nivel social y político que se encuentra. Hacen falta acciones afirmativas, pero ante todo reconocer que es una cuestión esencial, que necesita atención desde diversos ámbitos y de manera transversal.

Fuente: SEMlac

MUJERES, CIENCIA E INNOVACIÓN: LA LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD LABORAL

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El pasado 23 de noviembre, a propuesta del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto por el que se creó el Observatorio “Mujeres, Ciencia e Innovación” para la Igualdad de Género en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación como órgano colegiado interministerial.

Presidido por Ángeles Heras, secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, el Observatorio cumplirá la función de promover políticas de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal en el ámbito científico, así como el fomento de la participación de las mujeres en el ámbito universitario, investigador e innovador en un plano de igualdad.

Las vicepresidencias del OMCI se corresponderán también a las personas del mismo ministerio titulares de la Subsecretaría de Ciencia, Innovación y Universidades, de la Secretaría General de Universidades y de la Secretaría General de Coordinación de Política Científica.

Por otro lado, el Observatorio contará, además, con representación de otros ocho ministerios a nivel de dirección general: Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad; Defensa; Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; Sanidad; Consumo y Bienestar Social; Educación y Formación Profesional; Industria, Comercio y Turismo; Economía y Empresa; y Agricultura, Pesca y Alimentación.

Las competencias del Observatorio

De entre todas sus funciones, las más relevantes se resumen en la realización de un seguimiento de las actuaciones de los Departamentos ministeriales, las Administraciones públicas y, en general, de todos los actores del sistema español de ciencia, tecnología e innovación en materia de prevención y lucha contra el acoso laboral, sexual y por razón de sexo en el trabajo.

Además, evaluará también el impacto de las políticas y medidas de igualdad de género, la situación de las mujeres y la actuación de los agentes públicos en el sistema español.

Mediante la formulación de recomendaciones y propuestas para mejorar la situación de las mujeres, propondrá la adopción de medidas y la realización de actuaciones para la igualdad de género, incluidas las de acción positiva.

De este modo, el OMCI permitirá hacer un diagnóstico fiable, válido y exhaustivo de los avances en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y, en consecuencia, evaluará las políticas planeadas con este fin en el ámbito de ciencia e innovación correspondiente.

A su vez, dispondrá de información para adoptar las medidas adecuadas para combatir cualquier tipo de discriminación por sexo, garantizando la igualdad de oportunidades y aumentando la presencia de las mujeres en todos los ámbitos de la vida científica, tecnológica y universitaria.

“La presencia de mujeres en universidades y centros de investigación, plantillas de personal y equipos investigadores en el sistema español de ciencia, tecnología e innovación se ha ido incrementando en los últimos años, pero dista de ser igualitaria”, aseguran desde el gobierno.

“La presencia de mujeres en la universidad es ya mayor que la de los hombres, y no sólo en España, sino en general en todo el mundo. Pero a lo largo de sus carreras profesionales, las mujeres abandonan sus carreras académicas, y cuanto más alto es el nivel de los puestos de trabajo y responsabilidades, menor es la presencia de mujeres”; continúan.

Por ello, la iniciativa busca hacer frente a esta situación, promoviendo medidas, estudios, análisis y diagnósticos que dejen ver la efectividad de la labor realizada y por realizar en este ámbito de la vida.

Datos relevantes

La estadística de resultados del alumnado universitario, elaborada por la Subdirección General de Coordinación y Seguimiento Universitario del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, muestra que las mujeres en general obtienen mejores resultados en su paso por la universidad que los hombres: mejores tasas de rendimiento, éxito y evaluación, notas medias y tasas de idoneidad y graduación.

Sin embargo, se produce una concentración importante de estudiantes mujeres en las carreras de artes y humanidades, ciencias sociales y jurídicas, y ciencias de la salud, mientras que su presencia es mucho menor en las ingenierías.

Según el informe de la Comisión Europea She Figures 2015, en la mayor parte de los países europeos las mujeres representan menos del 45% de la comunidad científica e ingenieril. Y según la estadística sobre actividades de I+D del INE, en España las mujeres sólo representaban en 2016 el 40,4% del total del empleo en investigación y desarrollo, y un 39,1% del total del personal investigador.

En España, en el curso 2016-2017 la mayor parte del alumnado universitario de Grado eran mujeres (54,67%), pero al pasar a estudios de doctorado disminuye al 49,67%. Su tasa de empleo al ingresar en el mercado de trabajo es menor que la de los hombres.

El informe de la Comisión Europea She Figures 2015 revela una fuerte segregación vertical en la carrera académica. En 2013, la proporción de mujeres estudiantes (55 %) y graduadas (59 %) en el primer nivel de la educación superior excede la de los hombres, pero los hombres superan a las mujeres en el nivel superior de máster (46 % estudiantes y 47 % egresadas).

En la carrera académica, las mujeres representan sólo el 45 % del equivalente al profesorado ayudante doctor en las universidades, el 37 % del profesorado titular y el 21 % del profesorado catedrático de universidad. En España los porcentajes son similares: 48,9%, 39,5% y 20,9%.

Fuente:  AmecoPress.

CIFRAS DEL FEMICIDIO EN AMÉRICA LATINA

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Título original: armas legales no frenan todavía el femicidio en América Latina



LA PLATA, Argentina, 28 nov 2018 (IPS) - Ciega tras una golpiza de su exmarido, Susana Gómez se libró de sumarse a la lista de los cerca de 2.800 feminicidios cometidos anualmente en América Latina, pero  su caso evidencia porqué las políticas públicas y leyes están lejos de alivianar  la violencia de género en la región.

“Hice muchas denuncias (13 penales y cinco civiles) y la justicia jamás me dio bolilla (me hizo caso)”, resumió Gómez a IPS en un diálogo en una plaza de su barrio en Lisandro Olmos, un suburbio de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.

Pese a que en Argentina ya existían en 2011, cuando se produjo el brutal ataque contra ella, comisarías de la mujer, no fue suficiente para protegerla de su agresor.

Lo que la salvó de la muerte fue La Casa María Pueblo, una organización no gubernamental (ONG) que como otras  en América Latina tratan, con recursos  propios, suplir las deficiencias del Estado para proteger y asesorar jurídicamente a las víctimas de la violencia machista.

Gómez, sus cuatro hijos y su madre, también amenazados por su expareja, fueron rescatados y cobijados en esa institución.

“No teníamos nada. Entramos con lo que teníamos puesto, con el documento y nada más porque estábamos de aquí para allá. Todos nos cerraban las puertas, la justicia, la policía no hacían nada, la fiscalía tampoco”, recordó Gómez, quien ahora tiene 34 años.

“Si no hay organizaciones como esta yo no estaría aquí para contarlo, no hubiese llegado a juicio. Si no tienes un acompañamiento jurídico, un refugio con identidad reservada, tratamiento psicológico, yo no podría haber enfrentado esto que no es fácil”, destacó.

En abril del 2014, un tribunal de La Plata condenó a ocho años de prisión a su exmarido, Carlos Goncharuk. Ahora Gómez reclama judicialmente al gobierno de la provincia de Buenos Aires una reparación económica.

“La vista no me la va a devolver nadie, pero es para que la justicia, el Estado tengan más conciencia para prevenir un antes y un después”, subrayó Gómez que se siente nuevamente amenazada porque el victimario será liberado el año próximo.

Según el abogado y fundador de la ONG, Darío Witt, Gómez no quedó ciega por accidente o enfermedad sino por las repetidas palizas del entonces su marido. La última vez le golpeó la cabeza contra una pared de la cocina.

“Este resarcimiento no contiene un objetivo económico de por sí. Lo que queremos intentar demostrar para Susana y todas las otras víctimas como ella es que el Estado, que los Estados en general sean nacionales provinciales o municipales y de distintos países, tienen una altísima responsabilidad para que esto ocurra. El Estado no es inocente en estas cuestiones”, argumentó Witt a IPS.

“Cuando quedé ciega y vi que no vería más a mis hijos dije basta”, recordó.

Cifras que horrorizan

Según el Observatorio de Igualdad de Género (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), al menos 2.795 mujeres fueron asesinadas en 2017 por razones de género en 23 países de esta región, en lo que varias legislaciones nacionales de la región tipifican ya como feminicidio o femicido.

La lista de feminicidios difundida este mes por OIG la lidera Brasil (1.133 víctimas registradas en 2017), en cifras absolutas, pero en términos relativos, de la tasa de crímenes de género por cada 100.000 mujeres, es El Salvador el que alcanza una cota sin parangón en la región, con 10,2 feminicidios por cada 100.000 mujeres.










Tabla de número en términos absolutos de feminicidios por país en América Latina y el Caribe, así como la tasa de asesinatos por razones de género por cada 100.000 mujeres. Crédito: Observatorio de Igualdad de Género de la Cepal

Honduras (en 2016) registró 5,8 feminicidios por cada 100.000 mujeres y en Guatemala, República Dominicana y Bolivia también se observaron altas tasas en 2017, iguales o superiores a dos casos por cada 100.000 mujeres.

OIG detalla que los asesinatos de mujeres por razón de género son parte muy mayoritaria de los homicidios intencionales de mujeres en la región, donde los feminicidios son cometidos por parejas o exparejas de la víctima, con excepción El Salvador y Honduras.

“El feminicidio es la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres. Ni la tipificación del delito ni su visibilización estadística han sido suficientes para erradicar este flagelo que nos alarma y horroriza cada día”, dijo Alicia Bárcena, secretaría ejecutiva de la Cepal al dar a conocer las nuevas cifras de OIG.

La guatemalteca Ana Silvia Monzón, socióloga y comunicadora del Programa de Estudios de Género y Feminismos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), recordó que su país cuenta desde 2008 con una Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y desde un año después con una Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.

“Ambas constituyen instrumentos importantes porque contribuyen a visibilizar una problemática que es grave en Guatemala, y son una herramienta para que las víctimas puedan iniciar el camino a la justicia”, señaló a IPS desde Ciudad de Guatemala.

Sin embargo pese a esas leyes que contemplaron la creación de un modelo de atención integral a las víctimas y de tribunales especializados, “no se asignan los recursos necesarios a las entidades y programas que deben promover esa prevención, menos aún la atención especializada a las víctimas que denuncian esa violencia”, sostuvo.

Además “persisten prejuicios y prácticas sesgadas de género entre quienes aplican la ley” y “poco se ha hecho para introducir contenidos educativos o programas que contribuyan a cambiar el imaginario social que asume como normal la violencia contra las mujeres”, en especial a las indígenas, acotó.

#NiUnaMenos, #NiUnaMás

Fuente: IPS

SOMOS MALTRATADAS,SECUESTRADAS Y HASTA VENDIDAS POR NUESTROS COMPAÑEROS DE VIAJE

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Con solo 28 años, Danielle Nicole Mboume lleva millones de vidas vividas y millones de oportunidades de perderlas todas por su orientación sexual. Es lesbiana y, en Camerún, amar a una persona del mismo sexo es un delito, razón por la cual, decidió escapar.

Desde entonces, ha pasado más de una década en la que le han sucedido muchas cosas: ha sobrevivido a una peligrosa ruta de migración que concluyó al llegar a las cosas europeas  en patera; por el camino se cruzó y enamoró de la persona con quien más tarde se casaría, convirtiéndose en la primera pareja de mujeres africanas en contraer matrimonio de España; puso en marcha una asociación para ayudar a personas con experiencias similares y acaba de presentar su novela autobiográfica La única esperanza.

¿Qué ha supuesto para ti ser lesbiana en tu país?

En Camerún, ser lesbiana es sinónimo de adorar al diablo, ser satánica o estar poseída. También se considera una enfermedad o algo así como una maldición traída por los occidentales...

Un día decidiste dejar Camerún y venir a Europa, ¿te pudiste despedir de tu familia o saliste con lo puesto?

Yo no decidí nada, tuve que irme corriendo debido a las amenazas que recibí y a las agresiones físicas de las que fui víctima. No me dio tiempo a despedirme de mi madre y era menor, solo tenía 16 años. Si me escapé fue para salvar mi vida. Salí de mi hogar familiar hace 12 años, Justo el tiempo que llevo sin verla cara a mi madre, tocarla o disfrutar de ella, como todas las niñas hacen con sus madres.

¿Cuál fue el catalizador que provocó que te fueras?

Nada en concreto y todo. Ser mujer y que me gusten las mujeres. La homosexualidad en África, en general, está reprimida en muchos sitios. Lo sé porque he vivido en varios países del continente. Las mujeres somos las más perseguidas porque la cultura es patriarcal. Nuestra obligación es casarnos y tener muchas niñas y niños para ser bien vistas por la sociedad. Aquellas que no son madres, a partir de cierta edad, no son consideradas mujeres y empiezan a resultar sospechosas.

¿Cuánto tiempo tardaste en llegar a Europa y qué sucedió en ese trayecto?

Invertí más de 2 años en mi trayectoria migratoria y tuve terribles experiencias que cuento en mi libro. Para ser sincera, debo decir que este camino no está destinado a las mujeres. Lo cierto es que los hombres también sufren, pero en nuestro caso es peor porque somos maltratadas, secuestradas y hasta vendidas por nuestros propios compañeros de viaje, por varones que, como nosotras, son migrantes y, por si eso no fuera suficiente, también por los nativos de cada nación que atravesamos.

Pero por el camino conociste a la que hoy es tu mujer...

Sí, ella  es de Congo. Cuando abandoné mi tierra, busqué refugio en el país vecino y es allí donde nos conocimos y nos enamoramos, cosa que provocó que volviéramos a tener problemas por nuestra orientación sexual. Finalmente, optamos por irnos juntas a buscar algún espacio en el que estar a salvo.

Mi mujer y yo hemos vivido auténticas pesadillas, pero aquí estamos, vivas. Somos supervivientes.

DURANTE LA TRAYECTORIA MIGRATORIA NO ES POSIBLE RECONOCER, ABIERTAMENTE, QUE ERES LESBIANA

¿Cómo es la ruta de la migración para una pareja de mujeres?

Durante la trayectoria migratoria no es posible reconocer, abiertamente, que eres lesbiana. Si sufrimos por el simple hecho de ser mujer, imagina lo que nos hubiera sucedido de haber dicho que somos lesbianas... Probablemente, nos hubiéramos convertido en un plato de comida muy rica, rentable y que proporciona muchos beneficios para algunos hombres.

¿Tu destino final era España?

No lo escogí, lo que sucedió fue que aquí decidieron protegerme con el estatuto de refugiada. En la actualidad, continúo siéndolo pero pronto conseguiré la nacionalidad.

Y una vez llegaste aquí, ¿cómo te desenvolviste?

No fue fácil establecerme en España, pero luché y me sacrifiqué muchísimo. Creo que mi experiencia y mi testimonio, que está contenido en el libro, pueden ser útiles para muchas mujeres que me ven como un ejemplo de superación y de independencia.

Precisamente  por eso, pusiste en marcha una asociación en tu barrio, Villaverde (Madrid), que cuenta con una rama que se dedica, específicamente, a trabajar con la comunidad LGTBI africana.

Sí, se llama "Asociación Día-Día África Libertad”. Está formada por activistas que hemos padecido experiencias similares. Cuantas más personas nos sumemos a la lucha, más objetivos podremos cumplir.

En el tema LGTBI, de momento, estamos centradas de forma exclusiva en gente que viene de África porque en nuestro continente hay una profunda falta de respeto a la orientación sexual del otro/a y una fuerte vulneración de derechos.

Por otro lado, me gustaría añadir que no solo trabajamos con colectivos LGTBI, también lo hacemos con grupos de mujeres africanas que viven en situación de marginación, puesto que esa era la situación en la que yo me encontraba. Mi objetivo es que denunciemos las injusticias, que no nos quedemos calladas.

Aquí, en España, me siento en total libertad, ya que estoy protegida, por eso grito cada día más alto para lograr que seamos más visibles y escuchadas.

¿Por qué decidiste escribir una novela autobiográfica?

Porque he leído muchos libros y, hasta ahora, no he encontrado ninguno escrito por mujeres que hayan llegado en patera a España. Siempre los han escrito hombres, mientras nosotras, que también hemos llegado por esa vía, continuamos invisibilizadas. Ni quiero ser ni me considero la portavoz de las mujeres que han llegado de esta forma al país, simplemente, pretendo sumarme al hilo narrativo que ya existe y comenzar otro, en femenino, que espero que tenga continuación. Mi libro habla de  mi experiencia real, de mi historia y no es más que el principio. Tengo previsto escribir una segunda parte.

¿Y después, qué?

Me encantaría que mujeres que hayan tenido vivencias parecidas a la mía se animaran a contarlas y a librarse así de sus pesadillas. Por otro lado, deseo poder gozar del apoyo de los y las occidentales en mi lucha por la igualdad en África.

Fuente: CTXT- Por Lucía Mbomio 

EL ACOSO COMIENZA EN LA INFANCIA

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Título original: Un estudio de la UVigo constata que la violencia sexual empieza en la infancia.

-La autora del informe, María Lameiras, alerta de la impunidad de los agresores y de la cronificación de esta lacra -Concluye que las víctimas desarrollan sentimientos de miedo, culpa y vergüenza "porque son educadas para ello"


Cerca de 2.924 tuits y unos 326 comentarios en Facebook centraron el balance de participación en la campaña #PrimAcoso iniciada en noviembre de 2016 por el Concello de Pontevedra para denunciar a través de las redes sociales las experiencias vividas por mujeres desde la infancia. El hashtag hacía referencia a las palabras "primeiro acoso" o "primer acoso".

Los datos fueron analizados por el grupo de investigación Salud, Sexualidad y Género de la Univesidade de Vigo dirigido por María Lameiras, junto a Yolanda Rodríguez y María Victoria Carreira y que presentó junto a la concejala de Igualdade Carmen Fouces y la directora del CIM, Rosa Campos.

Entre las conclusiones destaca que el 76% de los casos relatados en esta campaña corresponden a la infancia, y su gran mayoría, un 65%, refieren abusos y agresiones sexuales. El 90% de los casos sitúan antes de los 16 años su primer recuerdo de acoso.

"La violencia contra las mujeres es un fenómeno generalizado y va a tener impacto en su vida. Se trata de una violencia interiorizada en la sociedad y por las propias niñas y mujeres que en muchos casos frente a la agresión sienten culpa y vergüenza", esta es una de las conclusiones del estudio, según indicó María Lameiras.

Añadió que estos sentimientos surgen porque las mujeres son educadas para pensar que ellas tienen "algún tipo de responsabilidad si son víctimas de alguna situación vinculada con el acoso".

Destacó el papel "sanador y terapéutico" que tiene para una víctima el poder compartir y "liberarse" de una experiencia de estas características, de ahí el respaldo a una campaña que alcanzó 1,5 millones de cuentas y tuvo más de 4 millones de impactos en las redes sociales.

Familiares o personas cercanas a las menores son los responsables de estos acosos. Entre los ejemplos de relatos compartidos a través de twitter destacan los que se refieren a profesores que aprovecharon su situación de poder para realizar tocamientos a alumnas, o los de adultos anónimos que utilizaron la indefensión de las menores para ejercer una actitud de violencia sexista.

Estudio a nivel europeo

Para la coordinadora del estudio, María Lameiras, los datos reflejan una concordancia con las conclusiones recientes de un estudio de la Comunidad Económica Europea, que sitúa los casos de acoso en una de cada dos mujeres, lo que supone el 50% de la población femenina.

"El acoso es una forma de frenar el avance de las mujeres; unha forma de deixarnos claro que estamos nun lugar que non nos corresponde", apunta María Lameiras. Por ello, hizo un llamamiento social a que no se consienta la impunidad de los agresores y a impedir la cronificación de la violencia de género.

María Lameiras divide el estudio #PrimAcoso en tres grandes categorías: las violencias múltiples que sufren a las niñas (abusos y agresioes sexuales, bullying y violencia en las relaciones de pareja adolescentes); las violencias múltiples que sufren las mujeres y la acogida de los micro-relatos compartidos en las redes (por parte mujeres y hombres).

El 76% de los casos denunciados a través de twitter son violencias múltiples contra menores.

Las situaciones de abusos y agresión sexuales a menores aglutina el 65 % de los casos, el bullying de tipo sexual el 10 % de las situaciones denunciadas y el 1 % corresponde con la violencia en las relaciones de pareja de adolescentes.

Fuente: Faro de Vigo

IMPOSIBLE VIOLAR A UNA MUJER TAN VICIOSA

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Las sentencias judiciales se analizan por lo que dicen pero también por lo que omiten. Ileana Arduino y Leticia Lorenzo leyeron el fallo del femicidio de Lucía Pérez y explican por qué está más cargado de prejuicios que de fundamentos. Las preguntas enfocadas en la víctima (“autónoma, libre e independiente”, una chica superpoderosa), el uso anticuado de la idea de consentimiento y la ratificación del mito de que el abuso sexual no tiene que ver con personas conocidas. Un análisis a fondo de la sentencia del caso Lucía Pérez.



- La subordinación de la mujer es una cuestión histórica- dijo a los jueces Laurana Malcalza, coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, durante una de las audiencias.



- ¿A qué se refiere con que es histórica? ¿De dónde saca eso? ¿Es una teoría suya? -respondió Pablo Viñas, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Mar del Plata.

- Acá hay una defensora que es mujer, una secretaria de juzgado que es mujer. Acá hay mujeres que lograron acceder a lugares de poder. Está usted, que tiene un montón de títulos. Tuvimos una mujer presidente, tenemos una Gobernadora. Esa brecha hoy no existe- agregó Aldo Carnevale, otro de los jueces.

La argumentación del fallo del tribunal que juzgó cómo murió Lucía Pérez se inscribe en una rutina interpretativa, un guión atávico que avala las ficciones más recurrentes del orden jurídico y político en las relaciones sexo–afectivas: los varones proponen, las mujeres disponen dice el refrán.

Un denominador común de estos casos es que parece no ser tan relevante lo que efectivamente hizo la persona acusada (que se supone que es la razón por la que llegamos a juicio: porque alguna persona es acusada de haber hecho algo) y lo relevante pasa a ser lo que hizo o dejó de hacer a lo largo de toda su vida (sexual) la víctima.

En los casos de abuso, el acusador tendrá una doble obligación: probar que una persona lo cometió y probar que tiene una víctima sumisa y adecuada. Porque aunque la ley no exige dar con el piné de una buena víctima, lxs jueces habitualmente sí. Donde aparezca algún atisbo de autonomía, ejercicio de libertad, etc., estamos perdidas. Eso se valorará en sentido de “no se puede pensar que podría forzarse a una persona así a hacer algo que no quisiera”. Si queremos ejemplificar con el caso en concreto basta con ver las preguntas de las que parte el voto inicial para valorar si pudo o no haber consentimiento.


-¿Estaba Lucía en una situación de vulnerabilidad?

-¿Se encontraba Lucía en una situación de dependencia a los estupefacientes de tal magnitud que le imposibilitaba dirigir su voluntad hasta el extremo de mantener relaciones sexuales a cambio de ellos?

-¿Era Lucía una adolescente que podía ser fácilmente sometida a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento?

-¿Existió una relación de subordinación entre Lucía y Farías que le hicieran mantener relaciones sexuales no consentidas?

-¿Las conductas previas y posteriores de Farías se corresponden a las de una persona cuya intención es abusar sexualmente de una menor y proporcionarle drogas hasta su muerte?

 Recién en las últimas dos preguntas se refiere a uno de los acusados (el otro ya desapareció del mapa) y obviamente lo que se dice de él se interpreta desde lo que ya se valoró sobre ella. Vemos un esquema de análisis puntilloso sobre la vida de ella, respecto del que es increíble tener que seguir argumentando que es inválido y  carente de razonabilidad por prejuiciado. Y luego la contracara: la ponderación de que él haya comprado facturas y una chocolatada como un indicio que corrobora que no responde a lo que habitualmente se presenta en un abusador. También ahí se sella el esquema prejuicioso de análisis y fundamentación.


Es evidente que esa concepción del perpetrador del abuso, que ni siquiera define pero deja entrever cuando apunta que no se corresponde con lo “habitual”, también es estereotipada, indisimulablemente lombrosiana. En una lectura de buena fe, que se haga cargo de todo el sesgo sexista que exuda ese voto, esa ponderación que estipula un “tipo” de abusador es en sí misma descalificable por las mismas razones.


Es un estereotipo consistente con el mito extendido de que el abuso sexual no tiene nada que ver con las personas cercanas entre sí, que es un asunto de sátiros agazapados en el callejón de la vuelta, entre desconocidos.La experiencia, la investigación y la teoría con perspectiva desterraron hace rato el mito del sujeto protagónico de la experiencia de la violación, invitando a comprender que la confianza previa, sobre todo cuando no todes les involucrades son adultes, es condición de posibilidad de los abusos y no garantía infalible de exclusión.

Es bastante evidente que la estructura de la decisión no es neutral. El pretendido uso “objetivo” y/o “técnico” de la dogmática, oculta concepciones que de todas maneras saltan a la vista.


La sentencia comienza con una estructura de preguntas centradas en la conducta de la víctima y se la construye “autónoma, libre e independiente”: una chica superpoderosa.  ¿Y el acusado? se lo construye con apoyo especular en la autonomía que le adjudican a ella por su vida privada, como prescindente en el juzgamiento ni más ni menos que de hechos que se le imputaban a él, como un pasivo proponente que gozó de un consentimiento gestado por ella durante toda su vida, porque en lo referente a ese día, no abundan pruebas para afirmar que lo hubo como categóricamente se afirma al decir no pudo no haber consentido.

En el campo del derecho ocurre algo similar a lo que ocurre en la política: eso es feminismo, no es análisis jurídico; eso es opinión, no es teoría; eso es pura emocionalidad, esto es conocimiento racional. 

Desbaratada esa operación disfrazada de argumento, a menos que alguien insista en que en pleno siglo XXI vale la pena insistir con la argamasa argumental que se construyó al  calor de considerar los delitos sexuales como delitos contra la honestidad y no contra la libertad de las personas, no queda más que aceptar que en el mejor de los casos esa intencional indiferencia tiene implicancias jurídicas específicas.   

 Estamos ante la reivindicación de prejuicios, una forma de intervención  excluyente en un contexto donde el reconocimiento de las identidades de género no se limita a respetar documentalmente y en el trato el género de las personas. También implica considerar en toda circunstancia y tiempo, procesos penales incluidos, que una mirada que prescinde de esa diversidad contrariamente a lo ancestralmente aprehendido, no es neutra: es parcial y es machista. 

En definitiva, si la escena judicial es la de la contienda, si el objetivo de un juicio es comprender, quién, cómo cuándo, dónde y porqué, pero se renuncia a otras formas de conocimiento, se reivindica como perspectiva epistemológica privilegiada, para usar de ejemplo el fallo reciente, la de varones husmeando y haciendo suposiciones sobre las conversaciones privadas de una joven de 16 años que, como murió, no las puede contradecir. El sexismo es una decisión institucional.

En ese punto, no deberían pasar tan cómodamente como argumentos “opinables”, cuestiones “culturales”: porque en el mismo dispositivo jurídico que dicen honrar, existen obligaciones específicas que esa sentencia, así fundamentada, omite escandalosamente.

 No es que somos “quisquillosas” o “susceptibles” con las palabras. Sencillamente es que están violando la ley y las convenciones internacionales de derechos humanos que establecen especiales garantías en razón de género, enjuiciar a las víctimas bajo la excusa de reivindicarlas insumisas y convalidando con su historia sexual un hecho posterior, es uno de los prejuicios más habituales, tanto así que en los lugares donde se custodia no introducir información de mala calidad para decidir, esta prohibido usar ese tipo de argumentos parra discutir consentimiento sexual.  No porque sea un privilegio, sino porque esos mismos instrumentos parten de reconocer la experiencia de la subordinación sexista entre otras.

Se trata de discutir en cada caso concreto cómo funcionan las opresiones. Lo que ocurre es que cuando se pretende que se lo hace, se renuncia a herramientas teóricas y conceptuales que harían de la perspectiva una revolución y no una cita elegante y vacía en los textos.  
¿O alguien puede afirmar que reivindicar a Lucía como un sujeto consintiente encuentra sustento racional en el hecho que se invoquen sus conversaciones privadas, que databan de seis meses antes a que el hecho ocurriera?. Curiosa aseveración del consentimiento, bien distinto a decir que no se puede probar que no lo hubo. Irrefutable por cierto, porque además de referirse a circunstancias que debieron ser ajenas al juicio público, la víctima está muerta. Luego el reduccionismo de limitar vulnerabilidad de una adolescente frente a dos adultos, indicando que materialmente no estaba en problemas porque no vivía en situación de calle, es cuanto menos, una visión un poco estrecha de lo que vulnerabilidad en las subjetividades adolescentes puede ser.  

Ese es el debate que creemos hay que dar en el campo jurídico. La exigencia de juzgar perspectiva de género no es obstinación por la condena a toda costa, es compromiso con decisiones justas. No es un debate de las feministas: es un cuestión crucial para el derecho, así sea normas, discursos, doctrina o jurisprudencia. Para que la intervención del poder judicial provea algún sentido, en lugar de provocar estallidos porque se dicen cosas que ya no son homogéneamente audibles para unas sociedades en un momento determinado. 

La línea argumental que propone no ponernos susceptibles con el fallo y asumir que las opiniones sobre la vida de Lucía la muestran como libre y determinada, con la piba ya cadáver, para ser explícitas, nos resultan incomprensibles. Ser reconocida como libre en una sentencia penal no honra mucho la lucha feminista y, la verdad, no se trata de opinar “bien” o “mal” de la vida sexual de la víctima, sino de no opinar, así de sencillo (tan sencillo que la misma sentencia se lo recuerda a la acusación al recordarle que el historial web de uno de los acusados “debe quedar comprendido en el principio de reserva del Art. 19 de nuestra Carta Magna,  ya que se tratan de situaciones de carácter íntimo que no constituyen prueba de cargo y que deben quedar exenta de la autoridad Judicial”). El juicio es sobre lo que pasó un día, y lo que hicieron o no otros, no sobre todo el año 2016. Para meterse en su vida el contexto lleva hasta el mes de abril y para valorar los hechos no pasa de la mañana en que el acusado compró chocolatada. Todos problemas que ese fallo tiene por haberse metido donde no debía.

No podemos pasar por alto la barbaridad que significa dar vuelta la vida de alguien para asumirla consintiendo un hecho, valiéndose de sus consentimientos pasados. En este punto el argumento es no tan veladamente violento: ofrece una lectura de la libertad sexual para excluir la responsabilidad del otro.Subliminalmente nos dividen en honestas o deshonestas; por más que ahora nos llamen “determinadas”.

Es una ostentación de ignorancia limitar el juicio sobre el consentimiento a las categorizaciones que ya las revisiones teóricas de la ciencia política han puesto en discusión largamente, por lo menos desde “El contrato sexual” de Pateman en adelante. Y quien quiera sugerir que la lectura no es pertinente, ignora que el discurso jurídico en su conjunto está asentado en las ficciones de libertad y responsabilidad que se nos adjudican como atributos universales en los relatos de la teoría política.

Solo el derecho puede inventarse una noción propia de consentimiento que, además, en lo medular, fue traficada de la escena del contrato matrimonial o el derecho privado, a la compleja trama de las vinculaciones sexualizadas. La reivindicación de un concepto “jurídico” de consentimiento es la opción preferente por la naturalización, deshistorización e invisibilización de las dimensiones socioculturales en juego, para decirlo con Yoliliztli Pérez Hernández en su didáctico texto sobre la necesidad de considerar el género, también cuando hablamos de consentimiento. Y da en el clavo: “No se trata solamente de consentir o no, sino fundamentalmente de la posibilidad de hacerlo (…) La pretensión jurídica formal y universal del derecho a la libertad sexual choca con las estructuras de género”.

El segundo eje argumental de peso es que la investigación fue un mamarracho, como cientos de investigaciones de las que se juzgan a diario, machacando una y otra vez sobre la sobreimpresión de horrores que significa haber dicho prematuramente que Lucía había sido empalada, su cuerpo lavado y demás elucubraciones. Una barbaridad con todos los involucrados. Pero esa grosería o exageración tiene resortes para ser resueltos, y es un deber del control de los jueces sobre las investigaciones comprometerse con que el control de calidad sea oportuno. Nadie va a dar explicaciones respecto de por qué dos años después, en el juicio oral, todo se limite a apuntarle a la fiscal, sobre quien debieron funcionar muchos otros mecanismos institucionales. Y antes.


Existe una etapa preliminar en los procesos judiciales en la que los jueces DECIDEN si un caso pasa a juicio, CÓMO pasa a juicio y CON QUÉ PRUEBA pasa a juicio. Si era tan evidente que esto era un mamarracho, la responsabilidad de los jueces era frenarlo. Si era tan evidente que los peritos eran impresentables, la obligación de los jueces era no admitirlos. Lo mismo ocurre con las conversaciones de Lucía privadas no referidas al hecho y referidas a su vida sexual pasada.

Si los jueces hubieran controlado con eficacia y perspectiva de género no podrían haber admitido esa información que no está sujeta al juego de la litigación y al espadeo de versiones, sino alcanzada por las prohibiciones de decidir con estereotipos que figuran en CEDAW y en las observaciones Generales del Comité Onu que interpreta esa convención. También en las leyes de violencias contra las mujeres y en todos los instrumentos de derechos humanos que exigen que todos los poderes del Estado tienen obligación de no sucumbir ante sesgos de raza, nacionalidad, género, edad, entre otros .

Aquí, sin embargo, no tuvieron empacho en hacer preguntas cuestionadoras a quien fue a declarar como testigo experta por la querella acerca de lo que la violencia de género es, pero dejaron pasar sin tensiones una cantidad de información inadmisible que contaminó de prejuicios la decisión.

Aún situándonos en el escenario de que todo haya sido un mamarracho, que la investigación haya sido horrible y no haya existido una sola prueba en contra de los acusados, han sido jueces quienes admitieron que llegara un caso así a un momento tan sensible como es un juicio. Y aparece al menos un poco sobreactuada la posición que asumen, de tarea titánica y heroica de decir “la” verdad, apoyándose en responsabilizar a la víctima y a la fiscal. Para olvidarse en la sentencia de un aspecto central: que están decidiendo para quienes están vivos y son parte en el conflicto. Los imputados, claro está, pero también la familia de la víctima.

Las formas importan. Un juicio no es una obligación de resultado: puede terminar con una absolución o puede terminar con una condena. Es difícil pero es así, lo justo o no justo se limita al camino recorrido, al proceso, a las oportunidades de ofrecer argumentos, a la calidad de la información que se produce y se deja entrar.

Es probable, incluso, que en algunos casos la solución no sea materialmente justa, porque la prueba se pierde, los acusados mueren o pierden la razón o no se logra convencer a quienes damos el poder de decidir. Alguien siempre va a vivir como total o parcialmente injusto el resultado de procesos que existen porque hay versiones en contradicción.

Pero cuando la decisión se salda centralmente a fuerza de prejuicios, cuando los jueces se atajan con expresiones del tipo “sin ánimo de juzgar la vida privada de la víctima” para acto seguido afirmar que le gustaba coger -si, además la sentencia confunde sencillez con vulgaridad- con personas de 26, 27, 28 y hasta 30 años, y por lo tanto dar por sentado que consintió una relación con una persona de 23 años (la versión sexista de la máxima “quien puede lo más, puede lo menos”), hacen a la decisión en sí misma violenta; se deja de hablar de los hechos para hablar de la víctima.  

Una sentencia de jueces técnicos basada en prejuicios, sea de condena o absolución, es arbitraria. Una exigencia elemental para la justicia en manos de jueces abogados es que deben dar razones legítimas y los prejuicios sexistas no lo son. Nos hablan de la opinión de los jueces sobre Lucía, pero no del hecho.

No reivindicaríamos inventar responsabilidades, pero lo cierto es que los fundamentos dados no avalan nada en ese sentido, ni se puede defender esa sentencia por los errores de otros o por lo que se sabe pero “no se dijo bien”. El problema aquí son las cosas dichas ante todo, que hablan centralmente de otra cosa, construyen libertades arbitrariamente para decidir arbitrariamente. Hagan la prueba: tachen los renglones dedicados a hablar de Lucía, los adjetivos sobre los fiscales – que no resuelven las obvias carencias de control que hubo durante todo el caso-  y vean cuánto queda de fundamento.

Las decisiones en algunos casos que involucran distintos niveles de violencia sexual y/o basada en el género de las personas, provocan estupor y tensión.  Según el tiempo social en que son dichas, como ahora y aquí en Argentina, pero hace meses en España con el juicio de “la manada” o recientemente en Irlanda donde se utilizó una bombacha como prueba de que el consentimiento había sido dado, desconciertan. Sentencias que se reciben como sopapos ante el nivel de reflexividad, revisión e incesante discusión respecto de las asimetrías de género y las violencias que la expresan.  

En otros momentos, o ahora mismo para otros casos, pasan completamente desapercibidas. Ya sea porque se transitan momentos en que las violencias sexistas de cada día están naturalizadas y no se está debatiendo el orden de género como en estos tiempos.

O, quizás de manera más dolorosamente frecuente, aún en plena efervescencia feminista hay víctimas que no encuentran ecos ni sus causas se vuelven amplificadores sociales que les provean atención sensible. Sobre esto último, siempre es bueno retomar la pregunta butleriana acerca de cómo se constituye la diferencia entre las vidas que importan y las que no, en el sentido de cuáles generan indignación, nos movilizan y se subliman en articulaciones colectivas y cuáles se pierden en la marea de violencias sin registro alguno.

En todo caso, no deja de ser un signo de la densidad vital de la movilización colectiva que una decisión judicial, que se supone cataliza y devuelve “decididos” los conflictos que atraviesan una comunidad, genere movilización, debate y (ojalá!) desate luchas.

Al fin y la cabo, las sentencias son actos de enorme poder, sustraídas de la mirada social, resguardadas bajo las llaves del oscurantismo gramático y el esquive de los conflictos reducidos a “causas”. Cuando son externamente interpeladas, suelen repeler las preguntas y las impugnaciones a fuerza de superioridad moral de (algunos) saberes jurídicos y el desprecio cuando no la indiferencia ignorante de otros a los que ni siquiera reconocen como tales, básicamente porque nos los conocen.   

Les invitamos a que detengan ahora la lectura de este texto y se den una vuelta por las curriculas de las facultades de derecho, la organización de los tribunales, los tratados de derecho penal, los debates de los congresos donde se discuten cosas importantes, los modos en que se usa el genérico masculino en las resoluciones judiciales. Van a ver qué lugar ocupan los saberes feministas, las formaciones en género.  

Por fuera de algunos corralitos con forma de áreas específicas que nos lleva años defender, de las materias especiales, de la “buena onda” de algunos cool hunter del debate que meten un poquito de género o hablan de “gafas violetas” como si en lugar de cuestiones de poderes solo fuera un detalle de la luz con la que miramos, está la nada. Estructuralmente no saben nada, ignoran. Si a eso le sumamos desinterés, las cosas empiezan a transitar por el lado de las complicidades.

De hecho los debates informales que han surgido sobre esa sentencia, están atravesados por un notable cisma conceptual que impide escucha. Claro que muches de les que criticamos ese fallo no ignoramos las operaciones ideológicas del discurso jurídico en el que está apoyado. Es precisamente porque reconocemos ese horror argumentativo que reaccionamos.

En cambio, quienes lo defienden ignoran bastante la historia de debates que el feminismo viene planteando en relación con categorías tales como la violencia, la sexualidad, el consentimiento, junto con los estragos que produce ignorar las asimetrías de género cuando los análisis reducen todo a la lógica del contrato en abstracto, ahistórico y patriarcado al margen.

No hablamos aquí de un debate novedoso, del último momento del cual las editoriales jurídicas o las casas de estudio no han podido aún hacer un up date a la altura del vértigo del debate. Solo por considerar las versiones más liberales por cuyas aguas navegan los juristas locales en otros asuntos, es importante destacar que al menos desde la década del ‘70 -segunda ola feminista mediante- la conciencia respecto de las violencias en aquel momento giraba bastante en torno a la cuestión de cómo los sistemas de justicia penal procesaban el abuso sexual.

De 1981 es el Manifiesto contra la Violación de Catharine MacKinnon, más aquí en el tiempo asesora del órgano persecutor de la Corte Penal Internacional para temas de género. Ese manifiesto fue pronunciado en un campus universitario -Stanford-  tras las habituales violaciones que los pueblan desde que existen. Ya por entonces planteaba cuestiones obvias aunque no saldadas. Como suelen ser indiferentes con estos debates, ignoran que llevan casi medio siglo y así resulta fácil, desde la ignorancia, acusar impaciencia en los demás.  Si bucearan en las arenas del feminismo lesbiano y afro encontrarían reflexiones muchos más profundas al respecto.

Y no es cierto que la cerrazón del discurso jurídico sea absoluta. Sólo que, como los errores de gobierno de derecha que “espontáneamente” siempre perjudican a los sectores populares, esas filtraciones son precisamente para contener los avances que conseguimos frente a las violencias sexuales.

Es así que el sello suele mantenerse firme y a distancia de las interpelaciones teóricas feministas cuando se trata de comprender más cabalmente la victimización en razón de género, repelidas bajo subestimaciones tales como colocarnos a todas el mote de “punitivistas”, mientras otras lecturas son convalidadas sin que nadie se sienta ultrajado en sus dominios técnicos.

Así ocurre por ejemplo, cuando esa sacralidad del saber jurídico es suspendida y jueces, fiscales y defensores echan mano de informes como los del Síndrome de Alienación Parental, que no existe científicamente pero aún circula en auxilio de varones denunciados por abuso sexual infantil por innumerables despachos judiciales. ¿Será que hay perspectivas y perspectivas? O que mamarrachos como el SAP se ensamblan perfectamente con los estereotipos de la madre mala, la loca vengativa, la especuladora mentirosa, mientras que la interpelación feminista al modo macho de pensar el consentimiento pone en crisis los estereotipos sexistas que el sistema de justicia ha ayudado a perpetuar?
La decisión, la práctica o la maña de ignorar un campo enorme de saberes que permitiría generar mejores conectores entre los sistemas de justicia y las realidades sobre las que deben decidir es dañina cuando es ejercida por les jueces.

Por más engolado que sea el esquive permanente a considerar siquiera alguna de las objeciones que la teoría feminista viene haciendo en el campo jurídico judicial, ese ninguneo judicial se lee socialmente y, por fortuna, produce reacciones. Es que, como canta Susy Shock con Sudor Marika, “ya no nos fumamos más tu violencia interpretativa”.



Fuente: Anfibia - Fotos: Gentileza Diario La Capital de Mar del Plata
*El título replica el título de uno de los capítulos de “Teoría King Kong”, de Virginie Despentes.


EL ÚTERO DE LOS HUEVOS DE ORO. UNA DISTOPÍA

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¿Qué habría ocurrido si la «gestación subrogada» hubiese surgido de la iniciativa de un grupo de mujeres? ¿Lo pensaste alguna vez?

Imagina un grupo de mujeres dispuestas a alquilar sus úteros y vender a sus criaturas aprovechando ese enorme nicho de mercado que supone la infertilidad en los países desarrollados. Un grupo de mujeres emprendedoras y decididas a hacerse ricas a base de solucionar la papeleta a tanta gente dispuesta a pagar lo que sea por hacer realidad su deseo sin necesidad de meterse en aquellos líos de robo de bebés. Porque, claro está, la codicia por el bebé recién nacido ha existido desde siempre, y desde siempre estuvo en el origen de múltiples abusos y delitos, así que tampoco sería de extrañar que las primeras en percatarse de que ahí había un negociazo fueran las propias mujeres.

¡Menudo filón! –exclamaron frotándose las manos. Y perfilaron enseguida las líneas maestras del negocio. «Hagamos como los países de la OPEP con el petróleo: creemos una organización internacional de mujeres y fijemos la producción, la distribución y el precio de nuestras criaturas. ¡Van a pagar lo que nosotras digamos!»

Pues dicho y hecho, se organizaron.

Como necesitaban que el negocio fuera legal, presentaron propuestas legislativas ante las instituciones democráticas –y no tan democráticas– de sus respectivos países con el fin de regular la compraventa de sus propias criaturas. A medida que lo iban consiguiendo aquí y allá y pusieron en marcha la industria, les iba entrando un chorro de dinero y se colocaron en pocos años a la altura de otras industrias potentísimas, como la armamentística, la farmacéutica y, si me apuran, el narcotráfico. ¡Se estaban haciendo de oro! Y lo que es más, podían comprar voluntades.

En algunos países no fue tan fácil, ya que se dieron de bruces con colectivos abiertamente opuestos a la legalización. Pero estas mujeres emprendedoras y aguerridas –convertidas ya en un lobby económico muy poderoso– supieron simultanear hábilmente la acción política y la propagandística. No ahorraron en medios para untar a las directivas de las principales cadenas de televisión y compraron espacios de máxima audiencia para ir limando las reticencias de esa parte de la sociedad que todavía se dejaba influenciar por principios recalcitrantes, siempre negados al progreso y anclados en un pasado en el que se defendían paparruchas del tipo «derechos humanos» y antiguallas de esas. Y también invirtieron sumas enormes de dinero en propaganda: anuncios en internet, pasquines, carteles, paneles publicitarios…, y cubrieron fachadas enteras de edificios en las calles más transitadas de las grandes ciudades. Eran muy bonitos, los había hasta luminosos y con lemas del tipo «Nosotras parimos, nosotras decidimos vender lo que parimos» o «De mi útero a tu casa sin necesidad de intermediarios».

Colorín, colorado, esta distopía se ha acabado. Todo el mundo sabe que no fue así.

En realidad, si a las mujeres se les hubiera ocurrido la idea de vender a sus criaturas recién nacidas, no recibirían otra cosa que una inmensa y generalizada repulsa social y hasta puede que fueran lapidadas en algunos países, porque, en palabras de Silvia Federici, «la mujer que pide dinero por la reproducción es la más mala, es la sirvienta del demonio».

Este fue desde su inicio un negocio de hombres. De emprendedores, vaya. Ellos sí tuvieron las manos libres para crear un emporio muy lucrativo con la compraventa de bebés recién nacidos. Sólo que…, bueno, necesitaban mujeres que los trajeran al mundo, porque, claro, los hombres no pueden, y como las mujeres desarrollan un natural apego por esas criaturas que crecen en sus vientres, convencieron a quien quisiera oírles que esas mujeres no eran madres, que eran solamente «gestantes» de bebés ajenos. Gestante rasa y punto. ¿Por qué? Porque los compradores ponen dos células, dos, propias o también compradas, y eso ya es suficiente para decir que la mujer que involucra todo su cuerpo y su psique en la gestación durante nueve meses no es la madre. Ah, bueno.

Y así, reducen a la gestante –aun siendo imprescindible– a ser el peón peor pagado de la cadena o incluso le exigen que sea altruista, cosa que cuadra muy bien para hacer propaganda del negocio por diversos motivos: primero, porque la mujer, según los preceptos patriarcales que todo el mundo conoce, debe ser abnegada y entregada (y las madres todavía más); segundo, porque el altruismo de las gestantes viene de perlas para abaratar el producto, cosa que fomenta el consumo; y tercero, porque el dichoso altruismo tranquiliza la conciencia, sobre todo de quien compra un ser humano.

Pero no sólo eso. Diseñaron para las mujeres que decidiesen ser gestantes todo tipo de filtros, exámenes, análisis y evaluaciones que dieran satisfacción a rigurosos criterios impuestos por los compradores. Lo que viene siendo: «las que no cumpláis nuestros criterios o no os adaptéis al precio que queramos pagaros, podéis meteros eso de “mi cuerpo, mi decisión” por donde os quepa». La inmensa mayoría de ellas serán descartadas y sólo una de cada diez será aceptada. A partir de ahí, deberá firmar un contrato renunciando a derechos fundamentales tales como el control sobre su propio cuerpo y la filiación y custodia de las criaturas que traerá al mundo. Nada, bagatelas.

Pero por mucho que esos señores emprendedores nos usurpen los lemas de la lucha por nuestra emancipación y por nuestros derechos y pretendan que nos traguemos que hay montones de mujeres dispuestas a gestar, parir y entregar a sus bebés –no sólo a su hermana o a su mejor amiga, sino a cualquiera que pase por ahí y necesite su «ayuda»–, lo cierto es que la inmensa mayoría de las mujeres que se prestan a ello lo hacen por necesidad económica más o menos declarada, más o menos encubierta, más o menos acuciante, y ninguna de ellas renuncia al pago de dinero en la modalidad comercial ni a las migajas de la compensación por gastos en la modalidad altruista.

Y lo más curioso de todo es que quienes se lucran de esta distopía y quienes mercantilizan nuestra capacidad reproductiva y compran bebés exigen respeto. Un respeto que jamás se nos habría otorgado a las mujeres de haber sido nosotras las que pergeñáramos ese infame negocio y obtuviéramos beneficios millonarios de la venta de nuestras propias criaturas, seres humanos recién nacidos, vulnerables e indefensos.

Fuente: Tribuna Feminita - Por Berta O. García

MÉXICO: VIH EN MUJERES , LIGADO A DESIGUALDAD Y ACCESO LIMITADO

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Las condiciones de desigualdad social y económica de las mujeres en México propicia que sean más vulnerables a contraer el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) hasta 2017 se estimaba que 48.6 mil mujeres adultas en el país vivían con esta infección.

Lo anterior de acuerdo con el Centro Nacional para Prevención y Control de VIH y el Sida (Censida) que como cada año presentó el balance de esta epidemia en México a propósito del 1 de diciembre Día Mundial del Sida.

Respecto a la epidemia en mujeres, Censida recordó en su informe que es diferente a los hombres, ya que existen condiciones estructurales de desigualdad social y cultural que propician el riesgo de infección en la población femenina y desde el punto de vista biológico, pues se ha comprobado que en las relaciones heterosexuales la mujeres son entre 2 y 4 veces más vulnerables a contraer la infección por el VIH que el hombre.

Al cierre del año pasado Censida calculó que 230 mil personas vivían con VIH en México, de estas 48.6 mil son mujeres adultas y los estados de Campeche, Veracruz, Quintana Roo y Chiapas cuentan con la mayor incidencia de casos.

Censida también reportó que comenzó a medir el impacto que tienen los apoyos a las mujeres con VIH para que se trasladen y mantengan el tratamiento en los servicios de salud, pues en el análisis de seguimiento del tratamiento antirretroviral (TAR) que realizaron en el periodo 2010-2014, observó que a lo largo del tiempo las mujeres abandonan el tratamiento.

El primer año, 81 por ciento de mujeres lo mantuvo, para el quinto únicamente continuaban 43 por ciento, Censida lo asocia a la falta de empoderamiento, la dependencia económica, las restricciones en la movilidad y responsabilidad como cuidadoras principales de las hijas e hijos.

Las mujeres con VIH que recibieron recursos para el traslado en comparación con aquellas que no lo hicieron, tuvieron una mayor probabilidad de continuar en tratamiento, mientras las que no recibieron el  apoyo redujeron la probabilidad de continuar en tratamiento en 48 por ciento.

VIH Y EMBARAZO

México muestra una tendencia favorable en la baja de casos de transmisión perinatal de VIH. En 2013 se registraron 131 casos, para 2017 se confirmaron 79 lo que representa una disminución de 39.7 por ciento. Es decir, el año pasado hubo 0.04 casos de transmisión vertical por cada mil nacidos vivos.

No obstante la cobertura de pruebas para la detección de VIH en mujeres embarazada se mantiene a la mitad. Censida estimó que en 2017 el sector de salud público realizó 1 millón 163 mil pruebas de VIH de un total de 2.2 millones de mujeres embarazadas en México.

Cabe recordar que la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010  para la prevención y el control de la infección por el VIH establece como obligatorio que todas las mujeres embarazadas tengan acceso a una prueba de tamizaje para la detección del VIH.

El Día Mundial del Sida fue declarado en 1988 por la Organización Mundial de Salud (OMS) en respuesta a la preocupación que manifestó la Asamblea General de Naciones Unidas respecto al Sida y la Conferencia Mundial de Ministraos de Salud sobre Programas de Prevención del Sida. Hasta 2017 se estima que 36.9 millones de personas viven con VIH.

Fuente: CImac

VIOLENCIA DE GÉNERO: NO DENUNCIAR TERCERAS PERSONAS EN UN DELITO

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Título original: "NoMiresAOtroLado : cómo actucar ante una situación de violencia machista.

“La violencia contra la mujer es una causa de muerte tan grave como el cáncer y de mala salud mayor que los accidentes de tránsito y la malaria combinados”





Hasta que las mujeres y niñas, que constituyen la mitad de la humanidad, vivan sin miedo, sin violencia y sin inseguridad diaria, no podemos afirmar realmente que vivimos en un mundo justo y equitativo”.

Esta frase, pronunciada hace años por Antonio Gutiérrez, secretario general de la ONU, es el argumento que refleja que lograr una sociedad igualitaria, en la que mujeres y hombres convivan en equidad, está lejos de conseguirse, en especial si la pasividad se impone ante un problema que nos afecta a todos.

La violencia masculina hacia las mujeres puede manifestarse de muchas maneras. No sólo como forma física de agresión, sino también a modo de violencia psicológica, sexual, económica, patrimonial, social o vicaria –por la que el agresor genera daño a otra persona-, entre otras.

De hecho, en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, se daba respuesta a su definición exacta. Así, ésta era reconocida como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

Por todo ello, la actuación social resulta muy significativa, especialmente a la hora de detectar y denunciar cualquier tipo de manifestación marcada por estos indicadores.
No basta con la sensibilización social. Es preciso un proceso constructor”, afirma Ángeles Álvarez Álvarez, diputada socialista, representante en la Comisión de Igualdad del Congreso y experta en Violencia de Género.

El no mostrarnos impunes y denunciar cualquier caso de violencia machista es de vital –con especial redundancia- importancia, por lo que es necesario un llamamiento a la ciudadanía y al entorno de las mujeres que sufran violencia machista a no quedarse parados o justificar conductas que puedan ser constitutivas de violencia de género.

Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, insistía en que el mensaje a trasladar a la sociedad "tiene que ver con que, pese a todos los imponderables que coexisten en una materia tan sensible como es la violencia de género, no hay impunidad alguna”.

Atendiendo a dicho argumento, el Servicio de Estadística del CGPJ apuntó un total de 42.077 denuncias interpuestas durante el último trimestre. De entre las señaladas, 40.232 fueron consideradas mujeres víctimas de violencia de género.

No obstante, frente a ese número, tan sólo 152 –frente a 99 del año anterior- fueron interpuestas por familiares de la víctima, una cifra muy reducida ante la real que constituye el número de denuncias totales.

“Las víctimas de violencia de género son merecedoras de la unidad de todos y todas en la respuesta frente a un fenómeno que tiñe de sangre nuestra convivencia ciudadana”, aseguraba Carmona.

Ante esta situación, cabe plantear la siguiente pregunta: ¿por qué la sociedad no actúa frente a estos hechos?





Normalmente, las causas que se argumentan suelen traducirse en miedo, desconocimiento, o el hecho de que la víctima se niegue a declarar, lo que hace que se abandone la intención de denuncia.









Elena Palacios, inspectora jefa de la Unidad Central de Atención a la Familia y la Mujer de la Policía Nacional (UFAM), asegura que en la experiencia adquirida a lo largo de su trayectoria profesional, “el maltratador es un tío cobarde que focaliza la agresión contra la mujer porque la considera un ser inferior, es una relación de poder. De modo que no suele haber muchas probabilidades de que agreda al vecino que ha avisado a la Policía”.

Además, atendiendo a la renuncia a declarar por parte de la víctima, debemos tener en cuenta que “estamos hablando de un momento del proceso de violencia muy complejo, en el que a la mujer le cuesta mucho tomar esa decisión porque realmente tiene unas secuelas psicológicas muy importantes”, asegura Pilar Pascual Pastor, coordinadora de la Asociación Mujeres para la Salud.

Por lo tanto, aunque se den cualquiera de los casos señalados, lo esencial de una denuncia, por muy banal que pueda parecer su resultado, es dar a conocer el ciclo de violencia que se está dando. Ahí radica su importancia.

La última campaña de Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad lanza un mensaje claro a la sociedad y advierte que “cuando hay maltrato en una pareja, no son solo cosas de pareja”.
“No es cuestión de solidaridad, no denunciarlo es un delito”, afirman. Y de hecho, así lo dice el artículo 450 del Código Penal de la omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución, castigado con penas de entre seis meses y dos años.

Cristina Almeida, abogada y presidenta del Club de las 25, insiste en que “hace ya décadas que la violencia de género no es un delito a instancias de parte, es decir, el que solo puede perseguirse cuando la víctima denuncia, sino que se investiga de oficio”.

Por ello, la violencia hacia las mujeres se convierte en responsabilidad de todos, pues supone un obstáculo que impide alcanzar la igualdad y el desarrollo de la sociedad, a la par que el respeto a sus derechos humanos.

“Existe obligación legal y moral de denunciar estos delitos, aunque se produzcan en el ámbito de la relación de pareja. Se actúa de oficio porque son delitos públicos, no privados ni semiprivados”, apunta nuevamente Palacios.

A esto se unen los argumentos de Pascual Pastor, afirmando que el problema reside en la base educativa. “Todavía, la pata de la educación no funciona, no está. Hasta que no hagamos realmente un proceso coeducativo desde el principio, no iremos realmente al núcleo del problema, que es la educación de género”.

Además, la coordinadora de AMS asegura que la diferencia de justicia entre hombres y mujeres es también una variable muy importante a tener en cuenta.

Entonces, ¿qué puedo hacer yo si mi vecino es un maltratador?


Si estamos viendo un caso de violencia de género que se está produciendo en ese mismo momento, lo primero que hay que hacer es llamar al 091, que responderá a modo de emergencia.
En casos más “preventivos”, en los que sospechamos que puede darse o se ha dado una situación violenta por parte del agresor, debemos llamar al 016 o 112. Quien le atienda dará parte a la Policía Nacional y se presentará en el domicilio de los malos tratos tan pronto como sea posible.

Una vez interpuesta la denuncia, pueden darse varias situaciones que serán clave para la consecución del caso: que la víctima niegue la existencia de malos tratos pero se observen lesiones patentes o, paralelamente, que lo niegue y además no se observen síntomas de violencia.

En el primero de los casos, la policía actúa. “Lo primero que hace es trasladarla a un centro de salud o un hospital cercano. En ese momento ya hay un parte de lesiones que se suma al informe de atestado que facilita la policía a la autoridad judicial”, explica la inspectora.

El segundo caso es más complicado. No existen pruebas, solo un testimonio, por lo que esta coyuntura se torna más difícil de solucionar. Aún así, es de gran importancia denunciar, el aviso se ha recibido y, lamentablemente, la escena de maltrato suele volver a repetirse, por lo que las autoridades competentes ya conocen las premisas necesarias de actuación en caso de que se dé nuevamente esa situación.

“La llamada o la denuncia son siempre fundamentales, incluso si la mujer no quiere denunciar o declarar”, argumenta Ana Galdeano Santamaría, fiscal decana de Violencia sobre la Mujer de Madrid.

“Hay que tener en cuenta que pueden existir otras pruebas. En los juicios por violencia de género es muy importante conocer el contexto familiar de la víctima. Por eso, aunque ella no quiera colaborar, las denuncias de su entorno familiar, laboral, sanitario, etc. podrían permitir, al menos, investigar”, insiste.

De hecho, son muchas las situaciones envueltas en la segunda de las opciones. “La mujer en esos casos no decide por sí misma, está cosificada.No es que mienta, es que no sabe cómo salir de la situación en la que se encuentra”.

A pesar de todo eso, “cada vez más son los vecinos los que llaman al 091”, reconoce Palacios. “Las llamadas han aumentado mucho en estos años. Se ha hecho un gran trabajo en materia de concienciación”.

Datos relevantes relativos a la violencia masculina hacia las mujeres

Atendiendo a los datos ofrecidos por la ONU, las cifras reflejan la gravedad de la situación y ponen de manifiesto la necesidad de una actuación preventiva y resolutiva adecuada que termine por erradicarla por completo.



 - Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia sexual o física, principalmente por parte de un compañero sentimental.

- Solo el 52% de las mujeres casadas o que viven en pareja decide libremente sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y su salud sexual.

- Casi 750 millones de mujeres y niñas que viven hoy en día se casaron antes de cumplir los 18 años, mientras que al menos 200 millones de ellas se han visto sometidas a la mutilación genital femenina.

- En todo el planeta, en 2012, en uno de cada dos casos de mujeres asesinadas, el autor se correspondía con su compañero sentimental o un miembro de su familia.

- El 71% de las víctimas de trata en todo el mundo son mujeres y niñas y 3 de cada 4 de ellas son utilizadas para la explotación sexual.

- La violencia contra la mujer es una causa de muerte e incapacidad entre las mujeres en edad reproductiva tan grave como el cáncer y es causa de mala salud mayor que los accidentes de tránsito y la malaria combinados.

Si a estos datos sumamos los recogidos por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el número de mujeres asesinadas a causa de violencia machista suma un total de 973 desde el 1 de enero de 2003 hasta septiembre de 2018 en España, de entre las cuales 45 sucedieron este último año.

Y si a estas cifras añadimos también la atención de menores víctimas mortales, se registran 27 asesinatos más, un dato que evidencia el largo camino que queda por recorrer para la eliminación plena de esta situación, siendo obvia la urgente acción social que se precisa.

Más opciones de colaboración
Asociaciones de mujeres:


Además de acudir a las fuerzas de seguridad, existen otras opciones compatibles a la lucha contra la violencia de género.



Una de esas soluciones reside en el papel de las asociaciones de mujeres, que cuentan con cursos, talleres, formación y asistencia psicológica -entre otras actividades preventivas- para abordar el problema desde una perspectiva más profesional y formada.

La Asociación de Mujeres para la Salud es una de ellas. Su función reside en actuar como centro terapéutico, un espacio de salud para las mujeres dispuesto a realizar actividades relacionadas con la sensibilización, divulgación y formación de todo aquello que envuelva la erradicación de este tipo de agresiones.
Con ello, sus objetivos van dirigidos, fundamentalmente, al empoderamiento de las mujeres y el fomento de su autonomía, así como a la salud mental e integral de las mujeres a través de sesiones individuales y de grupo.

Estamos en una sociedad en la que la violencia es estructural, todos estamos implicados en este gravísimo problema de salud pública de violencia contra las mujeres”, asegura su coordinadora, Pilar Pascual.

Por ello, cuentan con un espacio de salud abierto a mujeres víctimas de agresiones machistas. “Nuestra terapia es la psicoterapia feminista, intentamos que sea la mujer la que llame directamente, se informe y sepa exactamente quiénes somos y qué le ofrecemos. A partir de ahí fomentamos el empoderamiento de la mujer, que sepa lo que necesita, lo que quiere, y sea capaz de pedir ella misma la ayuda”, continúa.

En la asociación trabajan también la psicología de género, es decir, todos los malestares o conflictos que puedan tener las mujeres a lo largo de su vida a causa de la educación de género recibida.

La mayoría de las mujeres que acuden a nosotras no saben que están sufriendo violencia por parte de la pareja, porque se trata de un proceso que empieza muy lentamente y que la mujer va naturalizando y normalizando”, explican desde la asociación.

Por ello, es de gran trascendencia atender a todos aquellos rasgos que puedan destapar síntomas de violencia machista, pues muchas veces la propia víctima tarda en reaccionar ante la agresión.

No obstante, Pilar Pascual subraya un aspecto positivo. “Las mujeres cada vez nos estamos metiendo en más espacios de autonomía, nos hemos puesto las gafas moradas y nos damos cuenta de las desigualdades y las vamos enfrentando”.

Además, también afirma que cada vez son más las mujeres jóvenes que acuden en busca de ayuda a estos centros y asociaciones, lo que invita a pensar que somos progresivamente más conscientes y menos tolerantes. No obstante, queda un largo camino por recorrer. Esto es solo el principio.

Junto a esto, Pascual ofrece también una serie de consejos que orienten a tratar con una mujer maltratada que se niegue a denunciar o a pedir ayuda. “Lo que estamos viendo son las secuelas, no a una persona en su sano juicio”.

“Lo más importante es que ella no pierda la confianza con la persona con la que se desahoga, que no se sienta rechazada ni juzgada. Llevarle indirectamente folletos o hablarle de estos centros es buena opción, pero, sobre todo, es necesario que ella piense que la entiendes sin juzgarla”, afirma.

Sin embargo, advierte de que la base del problema se encuentra en la educación de género, orientar sobre este tema desde infantil para evitar una cultura machista, patriarcal y violenta hacia las mujeres.

“Las niñas tenemos que aprender que nos tenemos que proteger de los hombres porque suelen ser ellos los que ejercen violencia hacia nosotras. Esto hace que tengamos miedo al espacio público. Tiene que cambiar”.

Por todo ello, tenemos que implicarnos más socialmente. “La pasividad se produce por miedo a la reacción del agresor. Quitar esos miedos y explicar que no pasa nada es esencial. Puede haber un riesgo, pero como en todo. No podemos quedarnos impasibles ante la violencia”.

Comisión para la investigación de Malos Tratos a Mujeres:

Esta organización, fundada en 1977 como fruto de la experiencia de mujeres profesionales, psicólogas, trabajadoras sociales, médicas, sociólogas y abogadas, entra en contacto con mujeres maltratadas constatando que ésta problemática “tenía grandes dimensiones y unas características de invisibilidad y de tolerancia social que hacían muy difícil su solución”.

Por ello, desde su nacimiento hasta la actualidad, van combatiendo la violencia machista fomentando el apoyo a las víctimas y ofreciendo distintos métodos de colaboración social.

Su Programa Fortaleza, destinado a la erradicación de la violencia de género, ofrece prevención, protección, seguridad, información y valoración en cada caso tanto a las mujeres y menores como a profesionales, familiares, amigos y amigas –a la sociedad en general- mediante un conjunto coordinado de actividades llevadas a cabo por profesionales de distintas materias con experiencia acreditada.

“Nuestro programa responde a un modelo de trabajo y actuación integral que sigue las pautas recomendadas en la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijin, 1995, para los programas de prevención e intervención con mujeres maltratadas.

Desarrollado en todo el Estado, su objetivo se focaliza en procurar la información, asesoramiento e intervención necesarios para dotar a las víctimas de conocimientos suficientes que le permitan afrontar la situación, así como la erradicación de conductas impunes y la intervención con mujeres en vulnerabilidad para lograr su empoderamiento y dotarlas de autoestima y de herramientas que les ayuden a superar el proceso de cronificación y maltrato.

“Plantear un modelo igualitario de relaciones entre hombres y mujeres en la sociedad” es su meta, aseguran desde la organización.

En su programa de atención a la mujer, cuentan con distintos apartados de protección jurídica, acompañamiento psicológico y grupos, atención social, apoyo a menores, orientación socio-laboral y agresiones en espacios de ocio, con motivo de alimentar la inclusión social de las mujeres víctimas y fomentar su empoderamiento.

Además, dirigiéndose desde esta perspectiva hacia la actuación social, cuentan también con programas en los que brindan información sobre cómo derivar a una mujer a la comisión y dónde acudir.

Web de Recursos de Apoyo y Prevención ante Casos de Violencia de Género:

La web de recursos de apoyo y prevención ante casos de violencia de género
permite a la ciudadanía la localización de las distintas opciones de prevención y protección que las administraciones públicas, organizaciones de mujeres, asociaciones específicas y demás entidades sociales ponen a disposición pública mediante consultas sobre mapas activos o según ámbito geográfico y tipo de recurso.

Fuente Y fotos: AmecoPress

UN PODER JUDICIAL SIN PERSPECTIVA DE GÉNERO

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Los femicidios son la forma más extrema de la violencia de género que atraviesan nuestras sociedades patriarcales. En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer - Convención de Belém do Pará (MESECVI) definió a los femicidios como “las muertes violentas de mujeres por razones de género, ya sea que tengan lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”. Se trata de un fenómeno extendido a nivel global, regional y nacional; y su prevalencia va en aumento en todo el mundo cobrando proporciones alarmantes. En nuestro país, vemos un crecimiento significativo de los femicidios que sólo es denunciado en las calles por los cuerpos y voces del incansable movimiento de mujeres con el que hemos logrado visibilizar esta problemática históricamente acallada. 

En la Argentina, según surge del Registro elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se registraron 235 casos en el 2015, 254 casos en el 2016 y 273 casos en el 2017. En cada año más de 200 niñas, niños y adolescentes quedaron sin madres y en todos los años más del 70% de los victimarios eran allegados, familiares, parejas o ex parejas de las victimas (70% 2015, 75% 2016 y 78% 2017). Según La Casa del Encuentro, en 2018, en los primeros 10 meses del año ya hubo 225 femicidios, uno cada 32 horas. Según el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, en 2018 hubo 260 femicidios (227 femicidios de mujeres y 33 femicidios vinculados). Evidentemente, año tras año, la historia se repite y empeora creciendo sostenidamente la violencia machista, porque los asesinatos no sólo no paran, sino que la violencia parece recrudecer: casi todas las víctimas de este año fueron apuñaladas, golpeadas, estranguladas, incineradas, asfixiadas, degolladas, ahorcadas, descuartizadas, atacadas con hachas y machetes. El 10 por ciento de las víctimas de 2018, además, fue abusada sexualmente antes de ser asesinada. Y más aún: 35 eran bebas, niñas y adolescentes, es decir, cada semana hubo un femicidio de una chica que no llegó a los 18 años. Y el último dato reciente que se suma a este panorama de modo escalofriante es que solamente en los últimos 10 días se registraron 13 femicidios.

En cuanto a su extensión territorial, se detecta la presencia del fenómeno en todo el país en diferentes proporciones y con diferentes y heterogéneas respuestas del sistema de administración de justicia según las provincias. A modo de ejemplo, en el año 2016, del total de 254 femicidios de todo el país, 22 contaban con sentencias condenatorias al momento del informe. 90 femicidios ocurrieron en la Provincia de Buenos Aires, sin contarse con ninguna sentencia condenatoria ni absolutoria, encontrándose la mayoría de ellos en proceso de investigación (47) o en proceso de juicio oral (18). En tanto, del total de 14 femicidios ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires ninguno obtuvo sentencia, pero la mayoría se encontraban en proceso de juicio oral (8) y el resto en proceso de investigación (4). Este año 2018 fueron Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe las provincias donde más femicidios hubo en cantidad: suman la mitad de las mujeres asesinadas. Pero si se tiene en cuenta las tasas (la proporción de mujeres que viven en un lugar con las que fueron asesinadas) las peores cifras son de Tucumán, Neuquén, Corrientes, Chubut y Santiago del Estero.

En el mes de octubre en el Congreso Nacional, en ocasión de reunirse la Comisión Bicameral de Fiscalización de Órganos y Actividades de Seguridad Interior con la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich para informar los resultados de su gestión, tanto ella como el Diputado oficialista Guillermo Montenegro (ex ministro de Seguridad de CABA) reconocieron públicamente que no se ha logrado reducir la cantidad de femicidios y que resulta evidente que es uno de los grandes temas pendientes para todos los funcionarios y legisladorxs sean del color político que sean. El fenómeno crece visiblemente y está claro que no se logran obtener resultados significativos. Es necesario abordar la cuestión de una manera distinta a como se viene tratando hasta ahora y revisar cuáles son las reformas que aún son necesarias. 

La Argentina ha generado hasta ahora importantes avances en materia legislativa para abordar la violencia de género, pero pareciera que estos aun no son suficientes. La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), la Ley 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres”, la Ley 26.791 que modificó el Código Penal incorporando como agravante el homicidio por razones de género y la Ley 27.452 “Brisa”, que establece un Régimen de Reparación Económica para hijxs de mujeres asesinadas por violencia de género, son parte del conjunto de normas vigentes importantes que, sin embargo, atraviesan actualmente serios problemas de implementación sobre todo por definiciones presupuestarias, y también resultan insuficientes y parciales a  la luz de los crecientes casos de femicidios a lo largo y ancho del país. Además de las transformaciones culturales que requiere cualquier intento de superar las relaciones propias de una sociedad machista y patriarcal, no hay ninguna duda de que quedan pendientes, entonces, definiciones políticas y reformas por parte del Estado, en todos sus niveles, para garantizar un abordaje eficaz de la más grave de todas las expresiones de la violencia de género.

En este contexto, el rol del Poder Judicial aparece en la centralidad de los principales obstáculos y barreras que existen hoy para avanzar en serio hacia la erradicación de la violencia de género: el acceso a la justicia y la impunidad. Nadie duda y nadie puede discutir hoy en nuestro país que el Poder Judicial y la enorme mayoría de sus operadorxs carecen en términos generales, cultural y procedimentalmente hablando, de perspectiva de género alguna. Existiendo legislación al respecto y en muchos casos teniendo los recursos necesarios, el desempeño del Poder Judicial hoy sigue explicando, en gran parte, tanto los problemas de acceso a la justicia por parte de las personas víctimas de violencia de género como los niveles de impunidad persistentes en las causas iniciadas en relación a la sanción a los agresores. El vergonzoso fallo judicial que absolvió hace pocos días a los asesinos de Lucía Perez representa, una vez más, la falta absoluta de formación y capacitación de los operadorxs judiciales que llevan adelante investigaciones de manera sesgada y resuelven los casos con argumentos plagados de estereotipos de género, tal como indicó la OEA al manifestar su preocupación y criticar duramente ese fallo. El crimen de Lucía conmocionó años atrás a la Argentina dando lugar a una nueva expresión en las calles del movimiento Ni Una Menos, como uno de los más importantes movimientos sociales de la historia reciente de nuestro país. Hoy el fallo que absuelve a sus asesinos vuelve a sublevar a las mujeres que nos organizamos frente al sometimiento retrogrado que pretende imponer un Poder Judicial que atrasa siglos, que es machista e ineficaz. 

Diversos informes de organismos especializados, entre ellos ONU Mujeres, han relevado las persistentes dificultades que se encuentran presentes en la región y en Argentina para garantizar el acceso a la justicia a personas víctimas de violencia de género y resolver los problemas de impunidad: las demoras en la iniciación de las investigaciones y en la recepción de las denuncias, la lentitud de las investigaciones o la inactividad en los expedientes, las negligencias e irregularidades en la recolección y práctica de las pruebas y en la identificación de las víctimas y de los responsables, la gestión de las investigaciones por parte de autoridades que no son competentes e imparciales, la escasa credibilidad conferida a las aseveraciones de las víctimas y sus familiares, el trato inadecuado de las víctimas y de sus familiares cuando procuran colaborar con la investigación de los hechos, la ausencia de análisis de las agresiones contra las mujeres como parte de un fenómeno global de violencia de género, la falta de protocolos y criterios rectores para la actuación especializada, entre otras.

En la Cámara de Diputados de la Nación quedan pendientes, en este sentido, dos proyectos de ley centrales para pensar el rol que seguirá cumpliendo, o no, el Poder Judicial en materia de femicidios y demás crímenes de género en las distintas provincias argentinas: la Ley “Micaela” y la Ley Federal de Femicidios. 

La “Ley Micaela” fue impulsada por proyectos de las Diputadas Rach Quiroga (FPV-PJ) y Araceli Ferreyra (Movimiento Evita) a raíz del crimen de Micaela García, la joven militante violada y asesinada el año pasado en Entre Ríos. La iniciativa apunta a garantizar la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Los proyectos fueron debatidos este año en la Cámara de Diputados de la Nación y luego de alcanzar el consenso por unanimidad entre los bloques políticos en cuanto a su redacción final, y de estar listo el dictamen para ser tratado en el recinto para obtener una media sanción, el Poder Ejecutivo definió excluirlo del temario de proyectos a tratar. Por lo tanto, la Ley Micaela no será discutida ni aprobada en 2018 por decisión del oficialismo y deberá seguir esperando entonces.

Por otro lado, por la estructura federal de nuestro país, la competencia para prevenir, investigar, perseguir y sancionar femicidios, y para delinear la política criminal en la materia, es exclusiva de las fuerzas policiales y de los Poderes Judiciales provinciales. Esto hace que la respuesta estatal a nivel nacional haya dado resultados tan heterogéneos entre cada provincia y territorio en los últimos años, permitiendo y habilitando muchas de las condiciones que hacen que los femicidios tengan respuestas erráticas e ineficientes o queden impunes e invisibilizados. Por este motivo, y en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre pasado, como día internacional de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, presentamos junto a otras diputadas del FPV-PJ y de distintos bloques de la oposición (Red por Argentina, Frente Renovador y Argentina Federal) y en representación de distintas provincias, un proyecto de “Ley Federal de Femicidios”. La iniciativa apunta a tres objetivos: que el Congreso Nacional declare de interés nacional la política criminal y de persecución penal para la investigación, sanción y reparación de los femicidios y demás crímenes de género; que se cree un Consejo Federal de lucha contra los Femicidios para poder avanzar y coordinar una política más eficaz, especializada y articulada en todo el territorio nacional; y que se incorpore por Ley a la estructura del Ministerio Público Fiscal de la Nación la actual Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género, como una política de Estado que garantice su funcionamiento tal como vienen reclamando las organizaciones de mujeres hace años. Este proyecto espera ser tratado también a comienzos del año entrante con expectativa de poder avanzar.

En definitiva, hoy en la Argentina persiste una enorme dificultad del aparato judicial -tanto a nivel federal como en las provincias- para entender la problemática de la violencia de género y adoptar pautas investigativas, medidas y sanciones en correspondencia a su especificidad y su gravedad. Las diversas estructuras judiciales provinciales -y sus diferentes normativas, recursos y prácticas- arrojan un cuadro de significativa heterogeneidad tanto en su forma general de abordaje de la violencia de género, como de los procedimientos, criterios de actuación y recursos específicos disponibles. Pero no solamente existe una necesidad de contar con un poder judicial fortalecido con recursos y herramientas jurídicas adecuadas, sino que es imperioso comprender que existen patrones socio-culturales, estereotipos y prejuicios entre lxs operadorxs judiciales que se cristalizan luego en prácticas, medidas y sentencias discriminatorias, investigaciones ineficaces y lentas, y procesos revictimizantes para la mujer, o persona víctima, que sólo reproducen la violencia y la impunidad. 

Transformar el Poder Judicial es hoy la principal deuda pendiente que el Estado y el Congreso Nacional tienen con la sociedad argentina para poder avanzar de manera efectiva hacia una Justicia que garantice el ejercicio de derechos con igualdad de géneros.  

Fuente: Página 12 - Por Mónica Macha ,diputada nacional.

CADENAS GLOBALES DE CUIDADO: ES ESLABÓN LOCAL

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En el lenguaje corriente, la idea de cadena global de cuidados se resume como “mujeres explotando a otras mujeres”. Isabel Otxoa cuestiona ese relato culpabilizador y reflexiona sobre dónde se pone el foco cuando hablamos de externalización del trabajo reproductivo.

Acción por el día internacional de las trabajadoras del hogar en 2015 en Madrid./ Bárbara Boyero



Como resultado de la reducción del costo de los productos finales conseguido gracias a las cadenas globales de valor, el precio del ordenador en el que escribo esto es mucho menor que si hubiese estado íntegramente fabricado en Euskal Herria. Es más, de haberse producido aquí, sería tan caro que yo no tendría dos ordenadores sino uno solo, o ninguno y estaría usando el de alguna biblioteca o el de un centro especializado en alquiler de equipos informáticos.

El acceso masivo a la tecnología informática en la forma actual, se sustenta en la cadena global de valor mencionada: la ciudadanía que disfruta de las ventajas del ordenador lo está haciendo sobre la existencia de un sistema que explota las materias primas y el trabajo de personas en los países empobrecidos. En el relato de este fenómeno, las palabras clave son gobiernos, instituciones financieras y transnacionales, y el hecho de que el resultado de la explotación capitalista del planeta tenga réditos también para quienes habitamos el primer mundo, no es algo que se coloque en primer plano cada vez que criticamos el sistema.

Según he leído en un artículo titulado “Cadenas globales y trabajo rural. La producción de arándanos en Uruguay” (2013) los hombres jornaleros no quieren participar en la recolección del fruto porque no les gusta la organización del trabajo y la corta duración de la zafra, y prefieren buscar otros empleos más rentables en áreas urbanas. Los contratistas resuelven este problema mediante una mayor incorporación de mujeres a esas tareas, dado que ellas muestran más disciplina en el trabajo y más compromiso con las metas exigidas por la empresa.

Quienes gestionan todo el asunto son las empresas agroexportadoras y sus capataces. En el caso de que las mujeres no aceptasen la tarea de recolección, parece ser que tampoco la asumirían los hombres, y en consecuencia quizá no encontrásemos arándanos en nuestros supermercados. En este relato, las palabras clave son agroexportación y nuevas formas de reclutamiento de mano de obra y en ningún momento se representa al jornalero como causante en ningún grado de la posición o condiciones laborales de la jornalera.

En otro terreno, dentro de las cuadrillas de trabajadores dedicados a pavimentar las carreteras durante los meses del verano, se observa que cuanto más lejano es el origen nacional del trabajador, más cerca está del manejo y aspiración de los vapores del chapapote caliente. Es posible que la técnica del vertido en el bache sea mejorable y que la existencia de trabajadores que necesitan aceptar un trabajo duro esté ralentizando la posible mejora en las condiciones en que se realiza la actividad. No he visto nada publicado a este respecto, pero supongo que las palabras clave del relato serían dumping social, industria de la construcción, categorías profesionales y organización del trabajo, y nadie le encontraría sentido a mencionar al hipotético oficial de 3ª oriundo de aquí cerca, que se ha liberado de los trabajos penosos gracias a la existencia del peón inmigrado.

La idea de cadena global de cuidados hace referencia a la división internacional del trabajo reproductivo y aparece en la obra de la socióloga estadounidense A.R. Hochschild en el año 2000. El concepto se utiliza en muchos estudios posteriores y resulta una referencia inexcusable tanto para tratar de migración como de empleo doméstico en los países ricos. Remito al Wikigender para conocer los términos en los que se define, porque lo que a mí me preocupa es la incidencia general del concepto, cuyas posibles matizaciones solo alcanzan a especialistas y estudiosas del tema. La cadena estaría constituida por mujeres de los países ricos, que ya no quieren o no pueden ser las responsables de los cuidados en su entorno y consiguen salir al mercado laboral trasladando sus responsabilidades de cuidado a mujeres de países empobrecidos, las cuales a su vez delegan el cuidado de sus familias en mujeres de sus propios países. Mujeres de aquí que prosperan, tienen empleos fuera de casa, acceso a la formación… a costa de las otras, las mujeres pobres y migradas que han ocupado su lugar. Tal como se ha difundido, la idea de la cadena global de cuidados nos culpabiliza se quiera o no, y en el lenguaje corriente ha terminado por formularse así: mujeres explotando a otras mujeres. Esta versión culpabilizadora resultaba muy previsible y tiene vida propia.

A partir de esto, en más de un trabajo académico o periodístico hemos podido leer que en lugar de luchar por nuestra verdadera liberación -como era nuestro deber- nos hemos tirado a lo fácil delegando el cuidado. Vamos, que el oficial de 3ª de la construcción, en lugar de hacer la revolución proletaria para mejorar sus condiciones de vida, se ha hecho a un lado para que sea otro quien baje a la zanja. También hemos leído las declaraciones de alguna trabajadora de hogar migrada (testimonio real) que, a continuación de decir que trabajaba con un horario y salario buenos, señalaba que gracias a que acudía el viernes a la noche a cuidar de las criaturas de una familia, ella, la empleadora, podía salir a cenar con su marido, en lo que sería una miniversión de la cadena.


Participantes en un plantón por los derechos de las trabajadoras del hogar, celebrado en 2012 en Barcelona./ Bárbara Boyero
El eslabón local de la cadena global de cuidados se forja sobre el principio de que el cuidado pertenece, está adscrito, a las mujeres, que lo llevan indisolublemente ligado a sus personas. Esa atribución injusta de la que las feministas siempre hemos renegado, se incorpora a la representación de nuestro ser y de ahí en adelante, la ausencia de las mujeres del país rico en las tareas de cuidado pasa a constituir una anomalía subsanada por ellas mismas con la contratación de empleadas de hogar.

Visto de esta manera, la trabajadora que cuida a la madre de un varón casado estaría sustituyendo a la nuera y no al hijo; en el cuidado de una madre la trabajadora estaría sustituyendo a las hijas y no a los hermanos de estas, y así sucesivamente; siempre serían mujeres las que habrían trasladado sus responsabilidades valiéndose del desigual reparto mundial de la riqueza.

Cuando muchas de nosotras nos hemos negado a cumplir el mandato patriarcal de ser madres, o hemos tenido una sola criatura, no estábamos delegando en las mujeres pobres de otros países la reproducción de la especie, estábamos transformando el ser mujer en nuestra vida individual. Lo mismo pasa con el cuidado. Sin embargo, el relato de la cadena no incorpora el avance que supone en sí misma la posición de muchas mujeres que se niegan a admitir la equiparación de los términos “mujer” y “cuidadora” y que reniegan del principio de que el cuidado es asunto suyo. Esta posición ha llevado a intensificar el reparto del cuidado dentro de muchas familias, ha forzado el aumento de servicios, todavía insuficientes, y también ha llevado a contratar más empleo de hogar. En bastantes ocasiones son quienes necesitan o quieren cuidado quienes contratan por sí; otras veces son sus hijos y sobrinos varones quienes lo hacen y en otras, muchas, son las mujeres de la familia.

Podríamos razonar de otra manera. De la misma forma que no ponemos el foco en quien valiéndose de la cadena global de valor tiene acceso al equipo informático barato, ni en el hombre que pudiendo hacerlo se niega a recolectar el arándano, ni en el que no maneja el chapapote porque hay otros que lo hacen… tampoco hay motivo para señalar a las mujeres; el que nos neguemos a ser las responsables del trabajo doméstico y de cuidados no nos sitúa como agentes responsables de las malas soluciones a la cuestión.

Si hoy día el cuidado sigue realizándose de casa en casa y con un grado de colectivización ridículo es porque existe una manera barata de obtener atención mediante el empleo de hogar sin mover ninguna de las estructuras sociales que tienen su origen en la división sexual/genérica del trabajo. Las buenas salidas son complejas y a largo plazo. Junto al reparto de tareas con los hombres y la mejora en calidad, cantidad y accesibilidad de los servicios de atención a las personas, hacen falta cambios transversales: empleo, educación, urbanismo, habitación… En realidad, todas las esferas rozan con el cuidado.

Para que todo eso cambie, un buen revulsivo es reivindicar todos los derechos laborales para las trabajadoras de hogar, las migradas y las nacidas aquí. Aunque en el contexto del contrato de trabajo doméstico la aplicación de muchos de esos derechos es imposible (readmisión obligatoria en el despido por maternidad o por el ejercicio de derechos constitucionales, mecanismos ordinarios de prevención de riesgos laborales, jornada, descansos y salarios homologables con el resto de sectores…), hay que seguir exigiendo equiparación y luchando contra la explotación en el empleo de hogar, sea quien sea la parte empleadora.

El relato de la cadena de cuidados puso de manifiesto algunos elementos que permanecían ignorados. El primero fue la ampliación de la mirada sobre la explotación de los recursos de los países pobres, que no se limita a la extracción y producción de bienes materiales sino que se extiende a lo que Hoschschild llama plusvalía emocional. También reveló la situación que se deriva de la ausencia de las mujeres migradas de sus núcleos familiares de origen, la brutalidad de la separación de sus criaturas y sus mayores, a quienes pasan años sin ver o -con suerte- tratan por Skype; los problemas de relación que acarrea la distancia o la dificultad de gestionar las emociones que genera el cuidar criaturas y personas mayores de otras familias cuando no se puede atender a las de la propia. En este contexto hay que mencionar la hipocresía en la gestión de la Ley de Extranjería, que somete a las trabajadoras de hogar migradas a los mismos requisitos y plazos que al resto de los sectores para conseguir los papeles, pero las controla mucho menos y mira para otro lado porque la organización actual de los cuidados las necesita.

Si me he animado a opinar sobre el eslabón local de las cadenas globales de cuidado es porque parece haberse incorporado al patrimonio de ideas feministas aceptadas sin mayor cuestionamiento. En palabras de una amiga, es triste que los hombres vuelvan a salir de rositas en este asunto. Expresado de manera más solemne, mi crítica es que hay una asimetría inaceptable en la designación de las mujeres del país de destino como beneficiarias directas de la explotación de otras mujeres, cuando en el resto de procesos en los que personas de países empobrecidos realizan tareas necesarias en o para las sociedades ricas, la descripción de los fenómenos va por otro lado. Además, el supuesto traspaso de nuestras responsabilidades de cuidado se sostiene en una atribución que las feministas negamos radicalmente para todas las mujeres.

Fuente: Pikara Magazine-Por Isabel Otxoa . Participó en la Plataforma por un servicio público vasco de atención a la dependencia y en la actualidad es integrante de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia.

LEY MICAELA: UN SENADO UNÁNIME

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Título original: un senado unánime

Los oradores opositores denunciaron “la hipocresía del Gobierno”, que recorta los presupuestos del área y declama la defensa de las mujeres.




Muchxs senadorxs mostraron uno de los carteles de las campañas feministas. Imagen: Leandro Teysseire






Con el voto a favor de los 59 legisladores presentes, el Senado aprobó ayer por unanimidad la ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria de todos los empleados públicos (en Diputados, el miércoles a la noche, se aprobó por 171 votos a favor y uno en contra, del salteño Alfredo Olmedo). En medio de una semana marcada por las denuncias de abuso sexual en ámbitos laborales, familiares y de militancia, el oficialismo debió ceder a la presión social incorporar el proyecto en la orden del día de la sesión extraordinaria. Senadores y senadoras de todos los bloques opositores criticaron la “hipocresía del Gobierno” al asegurar la defensa de las mujeres y recortar en un 18 por ciento el presupuesto del área. Nancy González (FpV, Chubut) denunció que “desde hace un año y medio está cajoneada la ley de emergencia en materia de género”. María Magdalena Odarda (Frente UNEN, Río Negro), reprochó que no se había construido ni uno de los refugios que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había asegurado que empezarían a hacerse en febrero y que tampoco se organizó el cuerpo de asesores letrados gratuitos. 

La ley propone la creación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con el objetivo de “capacitar y sensibilizar” a todos los funcionarios públicos, que integran los diferentes niveles del Estado.

La norma estipula la obligatoriedad de la formación y capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios de la gestión pública, sin importar jerarquía ni forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones y abarca los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– y organismos descentralizados.

El plan de capacitación estará a cargo el Instituto Nacional de la Mujeres (INAM), que dirige Fabiana Tuñez, y el Ministerio de Modernización. En su artículo 4º, la ley establece: “Las máximas autoridades de cada organismo son responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones, las que comienzan a impartirse dentro del año de la entrada en vigor de la presente ley. Para tal fin se podrán realizar adaptaciones de materiales y/o programas, o desarrollar uno propio, debiendo regirse por la normativa, recomendaciones y otras disposiciones que establecen al respecto los organismos de monitoreo de las convenciones vinculadas a la temática de género y violencia contra las mujeres firmadas por el país”.

Consultados por este diario, desde el INAM (que es el organismo de monitoreo de la Convención de Belém do Pará y de otras sobre violencia de género) aseguraron que a la brevedad difundirán los detalles acerca de cómo serán los cursos, cómo se organizarán y quiénes van a dictarlos y evaluarlos. 

Los contenidos deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Todos los agentes del Estado deben cursar y aprobar todos los años la capacitación. El incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda.

El fallo que absolvió de abuso sexual y femicidio a los imputados por el crimen de Lucía Pérez dejó en evidencia la necesidad de formar a los profesionales de todas las áreas del Estado en materia de género. El impacto público del “Mirá cómo nos ponemos” por la denuncia de violación que hizo pública Thelma Fardin contra Juan Darthes fue otra de las variantes que empujaron el proyecto, que se había presentado en 2017, tenía dictamen de comisión (consensuado entre diputados de todos los bloques) desde hacía meses y sin embargo corría riesgo de perder estado parlamentario por no ser tratado en el recinto.

Fuente: Página 12 

ABUSO SEXUAL: LOS NÚMEROS DEL SILENCIO Y DEL DOLOR

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Título original: Los números del silencio y del dolor



Seis de cada diez estudiantes de universidades públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires que sufrieron abuso sexual no hablaron nunca del tema. Y de los que pudieron contar, un 16 por ciento no recibió ayuda. Solo el 22 por ciento rompió el silencio y recibió la ayuda adecuada, en algunos casos con intervención judicial. Los datos surgen de la primera encuesta sobre experiencias traumáticas en la infancia y la adolescencia realizada en el país sobre una muestra de 2750 personas. Casi un 10 por ciento de quienes fueron consultados reconoció que vivió algún tipo de abuso sexual antes de los 19 años por parte de un adulto de su entorno familiar en la mayoría de los casos. El número de mujeres que respondieron afirmativamente duplica al de varones. En más de la mitad de los casos, el abuso ocurrió en la propia casa de la víctima o en la de sus abuelos. 


Las secuelas del abuso

El relevamiento entre estudiantes universitarios se hizo en 2008. Lo llevó adelante el Programa de Investigación en Infancia Maltratada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Los resultados fueron publicados en la revista Derecho de Familia Nro. 46, Julio/ Agosto 2010, por la socióloga María Inés Bringiotti, quien dirigió el estudio, y es directora del Programa de Actualización: Abordaje Interdisciplinario de las Violencias en el ámbito familiar e institucional de la UBA y secretaria de la Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto Juvenil (Asapmi). Luego, en 2012, el mapeo se amplió a la población general, con 1260 casos (aunque no se trató de una muestra representativa, sí se cubrieron los distintos niveles socioeconómicos y educativos). “En esta instancia, los resultados fueron similares a la investigación entre estudiantes universitarios, pero más graves”, apuntó Bringiotti a PáginaI12: un 14 por ciento del total, dijo haber sufrido abuso sexual en la infancia, el doble en mujeres que en varones, pero en definitiva, un porcentaje significativamente alto también entre ellos. Además, surge que los casos se dan mayormente en el espacio intrafamiliar y cercano: 67 por ciento. El 19 por ciento habló y no recibió ayuda. Como en el otro relevamiento, quienes no pudieron hablar del tema llegaron al 65 por ciento.

Tal vez muchos de los testimonios que hoy inundan las redes sociales, provengan de aquellas estudiantes que una década atrás no encontraron la escucha empática para sacar del silencio a esas situaciones de abuso sexual vividas en la infancia. 

“Si hoy pudiéramos hacer una nueva investigación, los porcentajes seguramente se dispararían porque la gente está tomando conciencia”, remarcó Bringiotti. Los dos estudios apuntaron, entre otros ejes, a revelar la cantidad de casos tapados, que no quedan registrados en centros de salud cuando una persona sobreviviente de abuso sexual en la infancia (ASI) pide algún tipo de acompañamiento o, si lo denuncia en la justicia. 

“Muchas de las personas encuestadas que sufrieron abuso sexual en su infancia estaban pidiendo a gritos terapia”, agregó la investigadora.

La muestra respetó el porcentaje de matriculados de cada una de las áreas definidas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau): Ciencias de la Salud, Básicas, Aplicadas, Humanas y Sociales. También la proporción de estudiantes de universidades públicas y privadas. El 80 por ciento de la muestra pertenece a la UBA. Fue el primer estudio de prevalencia del Abuso Sexual Infantil (ASI) en la Argentina con una muestra de esas características. Y no volvió a repetirse.




Del total de encuestados en el ámbito universitario, el 9 por ciento respondió que había sufrido algún episodio de abuso sexual en su infancia o adolescencia: 11,9 por ciento de mujeres y 6,1 por ciento de varones. En cuanto a los abusadores, las respuestas fueron muy repartidas: madre (1 por ciento); padre (2 por ciento); abuelos (5 por ciento); hermanos (6 por ciento); primos (6 por ciento); padrastro/novio madre/hermana (7 por ciento); otros parientes (26 por ciento); conocidos (26 por ciento); profesores (4 por ciento, un caso mujer, los otros varones); extraños (32 por ciento).

Los tipos de ASI referidos por los estudiantes universitarios de la Ciudad de Buenos Aires van desde toqueteos hasta relaciones sexuales con penetración. En algunos casos se combinan varios. El 70 por ciento de quienes fueron abusados describieron manoseos. La mayoría de estos casos correspondió a mujeres. Señalaron haber sido sometidos a sexo oral el 11 por ciento –en porcentajes similares de ambos sexos–; el coito fue apuntado por el 7 por ciento: el doble de mujeres que de varones. Un 9 por ciento indicó “otras formas”.

Más de la mitad, padeció la situación de ASI entre una y cuatro veces. El 13 por ciento entre 5 y 10 veces, y un porcentaje levemente inferior, 11 por ciento, más de diez veces. Bringiotti destacó que la amplia mayoría (62 por ciento de quienes admitieron haber sufrido ASI) no pidió ayuda. Sólo el 22 por ciento pidió ayuda y recibió una atención adecuada.

FUENTE: Página 12

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HAY QUE ROMPER LA CONCEPCIÓN QUE EL SILENCIO ES HOT

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María del Mar Ramón es una antropóloga feminista y es la vicepresidenta de la “Red de Mujeres”. En diálogo con El Grito del Sur, habló del problema de erotizar el silencio, el derecho al goce de mujeres y disidencias y la apropiación del espacio público nocturno. “Con un gobierno que no puede dirigirse a los hombres, terminamos esperando más de Avón”, declara.

¿Qué es Red de Mujeres?

Red de Mujeres es una asociación civil fundada en el 2015, pero que empezó a trabajar activamente en el 2016 con la intención de llevar la perspectiva feminista a todos los ámbitos y ampliar y defender los derechos de las mujeres en Argentina y América Latina.

¿Cuáles son sus trabajos específicos?

Nosotras tenemos tres ejes de intervención: el eje de capacitación, el eje territorial y el eje de comunicación. Empezamos el 2016 haciendo talleres de formación con las mujeres de territorios vulnerados de la provincia de Buenos Aires, especialmente Derqui y Moreno, con el objetivo de facilitarles herramientas legales para poder prevenir y derivar los casos de violencia machista y, de esta manera, también articular a las mujeres y contactarlas  brindando estrategias de organización popular.



¿De qué trata la campaña “Fanática de los boliches”?

La campaña “Fanática de los boliches” empezó en el año 2017 para desnaturalizar muchas situaciones de violencia que las mujeres sufrían en el ambiente nocturno y también al ver que había un demanda de las mujeres en relación a que sus espacios de entretenimiento tuvieran herramientas correctas de derivación y contención en situaciones de violencia machista. A partir de esto comenzamos a trabajar en protocolos que funcionan como herramientas que dan opciones para reaccionar ante situaciones de violencia machista y no como pequeños códigos penales. También dimos capacitación con perspectiva de género a trabajadores de centros culturales, bares y boliches, trabajando especialmente en la prevención.

¿Por qué creés que es fundamental apropiarse del espacio público en clave feminista?

Nosotras veíamos que los lugares de ocio seguían un sentido común muy machista y ante cualquier situación de violencia las que terminaban yéndose del lugar eran las mujeres. Para nosotras era fundamental invertir esa lógica y que los lugares tomaran la decisión política y feminista de creerles a las mujeres y proteger su integridad. Empezamos a trabajar con los varones porque nos dimos cuenta que las interlocutoras eran siempre mujeres y que las mujeres sabemos muy bien cómo actuar en situaciones de violencia, pero que a los hombres no había nadie diciéndoles que las actitudes machistas no se iban a tolerar más en los espacios nocturnos. Para eso necesitábamos estar todos de acuerdo y tener la misma base conceptual, sobre qué es el consentimiento, qué es el acoso, qué pasa con el consentimiento cuando se consumieron sustancias alcohólicas.

¿Qué significa reivindicar el derecho al goce?

El proyecto “Fanática de los boliches” surge como respuesta al titular de la nota que escribió Chiche Gelblung luego del femicidio de Melina Romero, en el que a ella terminan culpándola socialmente de su femicidio por salir a bailar. Para nosotras es fundamental conquistar la noche como espacio público que les estaba negada a las mujeres porque entendemos que para habitar la noche hay un montón de violencias que están habilitadas y nos privan de esa libertad que tiene los varones de divertirse, bailar y emborracharse sin que haya un castigo por eso. Cuando empezamos la campaña veíamos que los bares actuaban un poco como reacción al escrache, pero ahora vemos un interés genuino de formarse desde el momento en que se crean los lugares.

¿Qué otra acción se podría generar para tener espacios nocturnos y recreativos seguros, ya sea desde los mismos espacios como por parte del Estado?

Al Estado siempre le exigimos el cumplimiento de la ESI (Educación Sexual Integral) y trabajar e invertir en la prevención, incluso en espacios nocturnos. Con respecto a la capacitación es difícil, la única herramienta que nos ha dado el Estado durante todos estos años ha sido la línea 144 y la denuncia policial. En nuestro caso tenemos una perspectiva antipunitivista, lo que significa que todas las herramientas que se construyen tiene que respetar la voluntad de las mujeres. Esto implica entender la denuncia policial como una entre varias alternativas, a la que hay que reconocerle sus falencias y que no se puede pensar que es una solución genérica. Queremos una prevención que no sea para policiar los cuerpos de las mujeres, sino que le hable a los varones. En el gobierno macrista desde la campaña “Ni loca, ni perseguida, ni histérica, el acoso existe” nosotras no esperamos absolutamente nada de personas que no pueden dirigirse a los hombres, terminamos esperando más de Avón.

 ¿Cuál es el objetivo de la campaña “Preguntame qué me gusta”?

La campaña “Preguntame qué me gusta” fue lanzada hace unas semanas con una serie de ilustraciones eróticas que tienen como objetivo promover el consentimiento en las relaciones sexuales, heterosexuales principalmente. La idea fue no pensar en el consentimiento como algo que está dado por sentado ante la ausencia de un no. Que no haya un no, que es lo que implica el consentimiento desde una idea legalista, no implica que las mujeres estemos del todo cómodas en una situación. Hay una cantidad de factores que intervienen que a veces no dan el espacio de decir que no. La idea es dejar de pensar el consentimiento como algo que recae exclusivamente sobre la mujer y buscar la paridad y el placer compartido.



¿Cómo se erotiza el consentimiento en una sociedad que enseñó a las mujeres y disidencias a ocultar sus ganas?

Uno de los grandes problemas es que los varones dan por sentado el consentimiento y las mujeres dan por sentado que van a tener que acceder a tener una relación sexual. No están representadas ni erotizadas en las representaciones de situaciones sexuales las preguntas, como algo fundamental. Nuestra idea era romper la concepción heteronormada de que el silencio es hot y que las personas cuando se acaban de encontrar saben inmediatamente lo que al otro le gusta. Esta idea de valorar el silencio nos parece muy problemática, queremos pensar en la pregunta como algo estimulante. Las mujeres y las disidencias tenemos una socialización sobre nuestro deseo sexual que implica que siempre tenemos que estar dispuestas para el varón, ser sujetas del placer del otro sin explicitar nuestro deseo. Nos parece fundamental entender el placer de los otros para construir consentimiento.


En tu articulo “50 sombras de gris” describís situaciones entre varones y mujeres heterosexuales que no son explícitamente violentas pero pueden generar desde incomodidad hasta dolor. ¿Por qué creés que muchas veces los varones no son capaces de percibir estas situaciones? 

Para mi era muy interesante retratar que el consentimiento es algo muchísimo mas complejo que el no y que el si. Ese artículo lo ideé como una posible herramienta para pensar sobre las denuncias publicas y los escraches. Yo como mujer tengo claro toda las veces que mi consentimiento fue avasallado, pero también tengo en claro que todas estas otras veces, que son similares a muchísimas de las denuncias o los escraches que se hacen, donde las actitudes y acciones son supremamente machistas y supremamente violentos pero que están fundamentados de esa manera por la sociedad patriarcal. El escrache es una herramienta pero a mi me parece que usarla para casos tan disimiles es una medida muy punitivista y que hace peligrar la legitimidad.

¿Entonces cómo se hace para marcar o subvertir estas actitudes?

Nos enseñaron que el consentimiento reposaba en la mujer: “El hombre propone y la mujer dispone”. Eso genera una gran iniquidad en la forma en que legitimamos y validamos nuestro deseo. Las nulas representaciones del sexo de las mujeres son muy nocivas y son las que terminan formando estas escenas violentas. Los hombres creen que la insistencia da buenos resultados, creen que lo más importante es el sexo penetrativo y que solo se vulnera el consentimiento si se dice explicitamente que no, eso se presta para todas estas situaciones borrosas que no entran en lo delictivo pero que tenemos que revisar como sociedad para tener relaciones sexuales placenteras.


Fuente: Voces del Sur

VIOLENCIAS: EL AIRE IRRESPIRABLE

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 Los ataques sexuales en los primeros días de 2019 a niñas y adolescentes fueron perpetrados por grupos de varones en territorios de supuesta impunidad y mediatizaron una espectacularización de las llamadas “violencias en manada”. La filósofa Paula Fleisner cuestiona la naturaleza animal que pretenden darle a un término que justifica el patriarcado como un estado inamovible de las cosas, advierte que la violación encarna una paradoja del sistema capitalista y sostiene que un poder biopolítico es el que administra los cuerpos de las mujeres como bienes expropiables o poseíbles.

Un grupo de varones jóvenes violó a una adolescente de 14 años en un camping de Miramar el 1° de enero. En apenas dos días otra banda de encapuchados abusó e intentó violar a una adolescente en un descampado de Villa Elisa y una mujer rescató a su hija de 14 años de la casa de unos vecinos en Salta. Tres hombres la habían violado después de darle alcohol con algún tipo de sustancia. En los medios y las redes caracterizaron las escenas: “Fue en manada”. Sin mediaciones del horror vivido por cada una, con el antecedente de “La Manada” de San Fermín de 2016, cuando cinco varones  violaron y filmaron a una turista en el portal de un edificio. Violaciones. Manadas. Cuerpos disponibles y dominación.  Espacios de violencia expresiva y simbólica entre machos que parecen asfixiar cualquier otro intento de análisis. Qué pasaría si dejáramos de pensar desde una perspectiva simbólica y hacemos un análisis materialista, feminista y posthumano, se pregunta la filósofa Paula Fleisner, que cuestiona la concepción de manada y la manera en que rápidamente se la apela como lugar común de la cultura, al suponer que todo se reduce a un instinto atávico. “Y la violación como punto de reflexión -agrega- en la medida que encarna una paradoja del sistema capitalista, patriarcal y especista. La figura de la violación es el lugar donde aparecen las contradicciones del modo más flagrante.”  

¿Por qué criticar el término manada?

-Me parece que la filosofía puede perfectamente disputar el sentido de esa palabra. Podríamos mencionar a Félix Guattari y la idea de manada como un espacio de encuentro que no está regido por el binarismo de las construcciones societales humanas. Por otra parte, estos casos son excepcionales en relación con las violaciones intrafamiliares cotidianas que fueron legitimadas en el Senado por uno de nuestros senadores (n.de la r.: Rodolfo Urtubey, durante los debates por la legalización del aborto). Como especialista en filosofía de la animalidad me niego a que usemos el término manada en este caso porque los animales no son eso, una manada no funciona así. La jauría no viola.

¿Es problema de interpretación simbólica?

-Suponer que llamar manada a un grupo de varones producto perfecto de una sociedad hija de la Ilustración, por decirlo así, es justificar el patriarcado como si fuera un estado de cosas parecido al aire que respiramos y que por lo tanto no se puede modificar. Entender que lo que ocurre en los ataques grupales es un desenfreno atávico es como hacer una interpretación idealista y humanista en el sentido de asumir la separación entre la naturaleza y la cultura.

La mediatización de la idea de manada resurge a partir de una violación colectiva en España en 2016, en el Día de San Fermín.

-Es curioso, ocurre en esa fiesta donde hay un animal que supuestamente es liberado. Y aparece todo un simbolismo detrás de la animalización de ciertas conductas que no son animales, son culturales, históricas, construidas gracias a un sistema de creencias patriarcal que asume la inferioridad de las mujeres.  Pero no es primitivismo, ese tipo de comportamiento es lo más contemporáneo que hay.

Doctora en Filosofía por la UBA, investigadora adjunta del Conicet, Fleisner es docente en las materias Problemas especiales de Estética y Filosofía de la Animalidad en el Departamento de Filosofía de la UBA, e integrante del colectivo Ni Una Menos y la Colectiva Materia. Es autora del libro La vida que viene. Estética y filosofía política en el pensamiento de Giorgio Agamben (Eudeba, 2015), y de los artículos “La trampa de Venus. Disponibilidad simbólica de los cuerpos y biopolítica de género”, y “La joya del chiquero. Apuntes sobre los animales y las mujeres desde una estética posthumana”. 

En su estudio sobre la disponibilidad de los cuerpos femeninos en la mitología indaga sobre las conductas colectivas humanas.

-El mito sirve para pensar ciertas conductas colectivas, explicarlas, darle un sentido al pasado y además proyectar ciertas líneas legítimas de acción. En la mitología hay un proceso en el que las diosas madres son reemplazadas por la figura de la Core, la muchacha joven, raptable y violable, vulnerable y vulnerada. Configura el momento histórico cuando se reemplaza una mitología vinculada con las divinidades femeninas por el panteón y Zeus, algo así como el padre del patriarcado, y la disponibilidad de los cuerpos femeninos en todas sus formas. ¿Por qué habríamos de asumir esa dimensión inamovible y pensar que lo único que hace una violación es construir simbólicamente las masculinidades? La disponibilidad de los cuerpos femeninos es sobre todo material.

Pero la violación es un lenguaje.

Por supuesto, pero también hay que entenderlo en términos materiales. Disponibilidad material de los cuerpos también significa que reproduce cárnicamente hablando las masculinidades. Es decir, llevamos a cabo la tarea de “perpetración de la especie”. No es que sólo la perpetuamos sino que perpetramos el patriarcado materialmente. Si perdemos esa dimensión que llamo material y hacemos sólo un análisis simbólico, lo limitamos a la manifestación de un orden total. El símbolo trata de neutralizar y gobernar esa relación siempre inestable entre el pensamiento humano y  el mundo, y decretar que eso que existe es inamovible. Las violaciones en “manada” no son manifestaciones de un todo natural. Son síntomas -en el sentido de reivindicar ese aspecto azarozo-, no símbolos del patriarcado. 

“Mirá cómo me ponés” se convierte en la legitimación del lugar común de una actitud instintiva e irracional.

-¡Pero es lo más racional que hay! Es la modernidad y en realidad se trata de un sistema de dominio: eso es el capitalismo. El capitalismo es un humanismo, el humanismo es un especismo y el especismo es machismo. Porque lo que está en la cúspide de la pirámide es el varón heterosexual y blanco. En ese sentido, lo interesante los movimientos feministas es que combaten esa consideración de la mujer como recurso natural.

El extractivismo y los cuerpos de las mujeres como territorios en disputa con el poder patriarcal y colonial.

-Esa es la cuestión central. Hay una disponibilidad material de los cuerpos en general en función del varón, que es el sistema de producción y explotación que se inaugura con el capitalismo. Hablamos de la necesidad de ampliar círculos de inmunidad. Y de la idea de ampliación de los derechos, la lucha de la mujer por convertirse en sujeto. Pero algunos feminismos dejan de pensar ese problema y plantean que si no somos sujetxs entonces será que somos capaces de construir sociedades políticas que no estén sometidas a esa lógica de la jerarquía y la oposición, donde siempre hay uno que tiene que estar disponible para el otro.

VIDAS SIN FORMAS

Fragmento de la Dialéctica de la Ilustración de Theodor Adorno y Max Horkheimer, “Hombre animal” plantea el lugar que ocupan los animales en el capitalismo, entendido como un dominio sobre la naturaleza, y sostiene que la mujer nunca llegó a ser sujeto en un sentido dominante porque siempre fue relegada a su función biológica. “La disponibilidad concreta de los cuerpos femeninos es biopolítica desde el comienzo de los tiempos”, remarca Fleisner. 

Una expropiación que se amplifica en los territorios más empobrecidos.

-Exacto. Ahí hay que atravesar un linaje distinto de feminismos que no están necesariamente ligados a las tradiciones de las sufragistas, que tenían otros problemas, y que están vinculados con territorios donde es evidente que a nosotras nos hacen morir y nos dejan morir, como me dijeron hace un tiempo las mujeres de la Villa 21-24 a propósito de Calibán y la bruja, de Silvia Federici, y que básicamente somos un cacho de carne disponible como las vacas o las chanchas. Es  buena la intervención que hace Giorgio Agamben respecto de Foucault cuando expresa que la biopolítica existe desde el comienzo de los tiempos y hay un punto oscuro de confluencia entre el poder soberano y el poder biopolítico, que es lo que llama “la vida desnuda” y lo vincula al homo sacer, esa figura perdida del derecho romano, que podríamos decir son los cuerpos femeninos y feminizables que desde siempre pierden sus formas, porque no son formas de vida sino vidas sin formas y que además están siempre disponibles para su eventual asesinato.

¿Una línea de biopolítica de género donde esos cuerpos toman otras significaciones?

-Es posible pensar esa disponibilidad material a partir de la confluencia de algunas ideas de estos pensadores tergiversadas para un uso feminista materialista y en mi caso, posthumanista. Dejando claro que todo este análisis ontológico o político es paralelo a las estrategias jurídicas. Pero si concebimos que la única reivindicación posible para las mujeres o los cuerpos femeninos es el de persona, en el sentido de una necesidad de ampliar nuestros derechos, estamos queriendo hacer un análisis antipatriarcal asumiendo que el patriarcado es lo único que existe. El aprendizaje de los movimientos feministas y la incorporación de todas las reivindicaciones de otras minorías tiene que ver con que estamos entendiendo que no se trata de ampliar un círculo de inmunidad sino de romper con esa idea de organización.

No se trata de un feminismo reformista sino de uno revolucionario.

-O revoltoso. No dejemos de ir a los tribunales pero no le pidamos a la policía que nos proteja. No les pidamos a nuestros padres, que son los que nos violan, que nos protejan de los potenciales violadores, de las jaurías enloquecidas. Porque ahí hay un problema. La Justicia es constitutivamente patriarcal, entonces tenemos que inventar otra forma de Justicia, en la que no sea necesario reivindicar el lugar de la persona. Las lógicas de existencia son muy diversas. No se trata de incluirnos entre las potenciales detentadoras del poder de extraer, sino abolir el extractivismo en todos sus niveles, no sólo en el cuerpo de las mujeres en general.

Más allá de la espectacularización de los abusos sexuales grupales, en esas escenas pactadas parece operar un sistema donde unos perpetran, otros observan o esperan su turno, y todos van conformando una estética de la violencia.

-Se puede hablar de una estetización y también tiene que ver con las relaciones jerárquicas, donde pareciera que es un sistema que funciona autónomo, sin responsables. Es una especie de coreografía que se monta sola y se desarrolla. Pero es la lógica a la que estamos acostumbradxs, no es algo excepcional. El modo en que funcionan estas violaciones responde a lógicas de existencia cotidianas. 

¿Cómo se entienden esos cuerpos abusados?

-Como materia inerte, moldeable, susceptible, necesitada de una forma impuesta desde afuera. La mujer ha sido siempre asimilada a esa función biológica entendida como algo del orden de una materialidad disponible. Y la violencia garantiza ese dominio. El extractivismo no se impone sino a través de la violencia.

Y genera los fenómenos de desprecio y crueldad colectiva sobre esos cuerpos.

Es la reproducción del sistema en distintos niveles. El hecho de que los cuerpos femeninos estén disponibles para hacer las peores tareas, para tener hijos, para ser eventualmente acosadas, abusadas, violadas o asesinadas es parte de la misma circulación de los varones heterosexuales, blancos, primermundistas, ricos, donde la violencia es el sostén.  Y la violación es un punto ciego de ese sistema, porque hace entrar en colisión dos ideas contrapuestas que tiene el patriarcado sobre el cuerpo femenino. Por un lado está disponible y es una materia inerte, y por otro lado es un cuerpo connotado como sagrado. Molesta en forma sistemática porque o es de libre uso o es separado para su contemplación. 

Esto se manifestó con brutalidad durante los debates por la legalización del aborto.

-Todo esto nos remite a los debates en torno del derecho al aborto. Que no puede legalizarse porque justamente es poner un límite a esa disponibilidad infinita. Y genera que nosotras tengamos la dinamis, el concepto de potencia griego, la posibilidad de abstenerse, de no pelear por la obtención del poder, sino porque lo que podemos sea diverso. Que tengamos la capacidad de decidir es realmente un límite a la violencia. Porque podemos elegir no perpetrar más la especie. Gozar y decidir que acá no nace nadie más. Ese es el terror que nos tienen.

Aún nos debemos pensar las maneras de lidiar con la revictimización de las víctimas.

-Nos tiene que interesar que no se trata de alguien determinadx, no importa tanto quién era esa adolescente o esa mujer, sino que somos cualquiera de ellas. Son casos que valen por todas. Por lo tanto la idea “Tocan a una, tocan a todas” funciona a ese nivel. Por eso no necesitamos pactos, porque no somos individuxs en ese sentido. No somos “una” mujer, somos cualquier mujer. Hay ahí algo   que permitiría pensar modos políticos muy distintos y además dejar de pensar en la reconstrucción de la vida de la víctima. Y no funcionaría con la lógica de la venganza que aparece entre varones sobre ese cuerpo. 

Que se relaciona con el efecto disciplinador de las agresiones sexuales.

-Creo que como el poder disciplinador es un poder biopolítico de poblaciones, no se trata nada más que de un disciplinamiento sino que es la administración desde siempre de la vida biológica de las mujeres. En el caso de las mujeres y los cuerpos feminizados, hay un azar en la elección de la víctima desde el poder biopolítico porque lo que importa es aislar determinado rasgo que es el que sirve para perpetrar el sistema de dominio y no necesita proteger toda tu vida o las de todas las mujeres, precisamente porque lxs individuxs no importan. En ese sentido esto es responsabilidad del Estado entendido como el modo de gobierno soberano, donde hay políticas de administración de las poblaciones que funcionan de tal o cual manera. No es una cuestión moral, ética ni religiosa. Es política-pública en la manera que todos los cuerpos, el cuerpo de cualquier mujer, está siempre ahí, disponible. Y las Core, jóvenes, vulnerables, son las que garantizan el funcionamiento del sistema.

Ciertas condenas sólo buscan apalear los efectos negativos de ese sistema.

-Las mujeres no podemos sobrevivir de esa manera. No alcanza con poner paños fríos a las situaciones de mayor vulnerabilidad. No podemos seguir viviendo bajo una única lógica de existencia, la del dominio y el extractivismo. Sujetadas. No queremos estar sujetadas; no me reivindicaría como individua en ese sentido. Y es de esa manera en la que se puede entender que el feminismo no puede ser un oenegeísmo cómplice del neoliberalismo, porque no son las libertades individuales de lo que estamos hablando. O nos salvamos todxs o no se salva nadie. Y con todxs me refiero al planeta. Hay una potencia tan grande en esa conexión, que por eso se nos están viniendo encima. Porque realmente estamos imaginado modos posibles de cambiarlo todo.

Fuente: la 12 - Por Roxana Sandá.

HAY UN ENOJO MACHISTA POR EL AVANCE SOCIAL DE LAS MUJERES

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Marcela Lagarde. La reconocida feminista y antropóloga mexicana habla con El Nuevo Diario sobre los factores que pueden estar influyendo en el crecimiento de los crímenes contra mujeres y brinda claves para ayudar a disminuirlos.





El detonante de la violencia contra las mujeres que se ha observado este año en Nicaragua y en otros países de Latinoamérica podría estar relacionado con el empoderamiento de las mujeres, sostiene la investigadora mexicana Marcela Lagarde. 

Este año en Nicaragua se registran al menos 43 mujeres asesinadas y la saña ha ido en aumento. Una mujer fue decapitada, una embarazada fue mutilada y posteriormente acuchillada, dos ancianas han sido violadas y asesinadas. En varios casos las mujeres fueron asesinadas porque decidieron terminar una relación violenta con sus agresores.

“El empoderamiento de las mujeres está siendo lamentablemente un detonante de la violencia que padecen, a eso se le suman los avances sociales o personales que estamos teniendo”, explica la experta en temas de violencia.- -


La feminista mexicana fue quien introdujo el feminicidio como delito en el Código Penal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, en México. Entre sus principales logros está haber presidido la directiva de Derechos de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, que tuvo como fin dotar a esta ciudad de una nueva Constitución en la que plasmaron ideas de igualdad de género en todos los ejes. 

Esta semana se encuentra de visita en Nicaragua como parte de las expositoras del encuentro centroamericano: “Mujeres y hombres caminando hacia la equidad de género”, organizado por la organización Cantera.

Este año en Nicaragua han sucedido asesinatos CONTRA mujeres mucho más atroces en comparación con los ocurridos en años anteriores. Ha habido decapitación, ancianas violadas y asesinadas, una mujer embarazada fue mutilada. ¿Cómo se explica este fenómeno?

No sé, si es que ahora hay más saña o es que nos estamos fijando más. Antes, como que se ocultaban los crímenes o no se sabía mucho de qué había pasado. Pero no es raro que haya más saña cuando las ideologías son tan machistas y tan misóginas. La gente que ve televisión, por ejemplo, recibe una exaltación de la violencia contra las mujeres como nunca antes se había dado. Ahora se ve cómo violan a una mujer ya en plano “close up” (de cerca) y eso es un factor importante. Pero no solo en la televisión, sino que como parte de la vida diaria los hombres aprenden esa saña, ya no es solo el imaginario. Quien agrede a una mujer ya vio una escena de violencia y ya se ha sentido tentado a ejercerla en más de una ocasión.


¿Qué otros factores influyen además de los mensajes que se reciben a través de los medios?

Hay ideológicamente una enorme alimentación de ideas de violencia, pero también hay un enojo machista al avance social de las mujeres: se enojan por las leyes a favor de las mujeres, porque haya un presupuesto de género, porque ocupemos espacios en política; cada espacio genera una resonancia fuerte de ira que como no hay contención se vuelca contra las mujeres. 

¿Qué es lo que está fallando?

Si hubiera un control social más fuerte, si hubiera un rechazo a la violencia contra las mujeres, disminuiría. Si la comunidad, la familia, la Policía y la Iglesia reprueban este tipo de violencia habría menos casos. Sin embargo hay una gran tolerancia y las familias tienen miedo porque el hombre violento que le pega a la madre de familia puede pegarle a los hijos o a los hermanos. Uno de los objetivos de la violencia a parte del daño que causa, es generar miedo


¿Hasta qué punto el empoderamiento de las mujeres podría estar siendo un detonante de la violencia contra la mujer? Lo pregunto porque este año en Nicaragua muchas de las mujeres que han sido asesinadas habían dejado a sus parejas YA QUE no querían seguir siendo violentadas, rompieron el silencio.

Muchísimos femicidios ocurren precisamente por eso, cuando las mujeres se separan, se divorcian o denuncian a veces terminan muertas. En ese sentido están fallando las instituciones adonde las mujeres acuden para denunciar. 

El empoderamiento de las mujeres está siendo lamentablemente un detonante de la violencia que padecen, a eso se le suman los avances sociales o personales que estamos teniendo. Cuando las madres, por ejemplo, deciden no darles más dinero a sus hijos porque se cansaron de la extorsión, las terminan matando porque se creen dueños de la mamá y del dinero o los bienes que ella tiene. 

Hay personas que quizás oyen que una mujer está siendo golpeada, pero no intervienen porque siguen creyendo que las discusiones de parejas son un problema de asunto privado.

¿Cuál es su postura al respecto?

Todavía se considera que lo privado es un mundo en el que puede pasar de todo y nadie tiene derecho a meterse. Eso se remonta a cuando se dividió la sociedad entre lo público y lo privado y consideraron que lo público era de los hombres: las calles, los parques, las calles. Mientras que lo privado era el espacio de la familia donde las mujeres tenían su lugar. Eso influye muchísimo, los vecinos y la familia misma defiende eso, que nadie se meta en lo privado. Mientras que el feminismo sostiene que lo privado debe ser un espacio de respeto y de convivencia pacífica y si una persona es testigo de un episodio de violencia contra la mujer debe alertar a las autoridades.

¿Qué está provocando que estas ideas machistas se mantengan vigentes?

Hay muchos factores, pero sobre todo las instituciones públicas y privadas son parte de un sistema que reproduce ideas machistas. El papel de las iglesias, por ejemplo, a lo largo de la historia en relación con el patriarcado ha sido importantísimo. Las iglesias han reproducido un esquema moral de valores, han reproducido normas sexuales durante toda la historia y han sometido a las mujeres a la obediencia y la sumisión. 

Afortunadamente ha habido movimientos dentro de la iglesia que han creado la Teología Feminista, como Católicas por el Derecho a Decidir, que han sido claves para combatir la violencia contra las mujeres y han logrado la garantía de muchos derechos, como la despenalización del aborto en varios países. Creo que es importante dirigirnos hacia un cambio del orden social existente.

Hay quienes critican a las organizaciones de mujeres porque sostienen que solo se dedican a contribuir al empoderamiento de las mujeres y no trabajan con los hombres. ¿Usted qué piensa de eso?

Cuando se dice trabajar con hombres me da la impresión que la gente piensa que tiene que ser con hombres que han violentado o con hombres en comunidades y es cierto, hay que trabajar más con los hombres. Pero las feministas vivimos trabajando con ellos todo el tiempo, ¿quiénes aprueban los proyectos?, ¿quiénes dan el financiamiento? Son los hombres. Todo el tiempo trabajamos con hombres y además son poderosos. 

Me parece que tenemos una visión distorsionada de qué es trabajar con hombres. En el caso que sea atención y prevención de la violencia es muy importante hacerlo, pero son los mismos hombres quienes tienen el deber de desaprender estos comportamientos machistas.

¿Cómo podemos prevenir la violencia?

Todas las instituciones y la sociedad en su conjunto debe cambiar porque el orden social actual interpuesto refuerzan esa tolerancia a la violencia, refuerzan el papel de las mujeres a la obediencia, refuerzan ideas como la no denuncia y el sometimiento.

Hay mujeres que por miedo aún no se atreven a denunciar la violencia en que se encuentran ¿cómo pueden romper con ese círculo?

Deben acercarse a las instituciones de mujeres o a la más confiable institución de Estado que las proteja. Se debe promover la denuncia para que estas miles de mujeres encuentren un grupo que las proteja mientras se empoderan y pierden el miedo. No basta con solo decirle que denuncie, sino que se debe buscar la forma de ayudarla para que sea libre y autónoma.

Fuente: Mujer del mediterráneo
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